Una eurodiputada del PSOE planta en Bruselas a los afectados por la okupación y se niega a escucharles

El PSOE ha despreciado en Bruselas a las víctimas de la okupación y la inquiokupación negándose a escuchar sus peticiones públicas. Según han explicado desde la Plataforma de afectados, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha declinado tener una reunión con ellos y durante la comparecencia de su portavoz «ha entrado al hemiciclo y lo ha abandonado al conocer que la petición de ocupación seguía en curso».

«Venir a Bruselas para que el Gobierno no se digne a escuchar a la víctimas de la okupación e inquiokupación es una anomalía democrática y un acto de soberbia» ha comentado Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación, que ha regresado hoy al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar el desamparo de las víctimas por la legislación española.

A raíz del gesto que ha tenido la eurodiputada este martes, las víctimas de la okupación han puesto de manifiesto que lo del PSOE «ha pasado al desprecio institucional».

Denuncian la «soberbia» del PSOE

En este sentido, desde la Plataforma destacan que se trata de un desprecio común en el entorno socialista y apuntan que «resulta una burla que, hace apenas dos años, la eurodiputada socialista Cristina Maestre apoyara la propuesta de los afectados en el Parlamento Europeo, reconociendo abiertamente la dureza de la okupación e inquiocupación» y que esa empatía  «haya mutado hoy en una desidia de un silencio atronador».

Asimismo, los afectados han lamentado que la ministra de Vivienda haya ignorado decenas de peticiones de reunión de su Plataforma.

«Un Gobierno que nos ha obligado a ceder nuestras viviendas gratis durante años para ejercer de escudo social, mientras sus eurodiputadas se niegan hoy siquiera a reunirse con los afectados. Para el Ejecutivo español, el pequeño propietario no ha sido una víctima a proteger, sino el asistente social forzoso que dispone de su propiedad para cubrir su «escudo social», han sentenciado.

La organización ha exigido que el Gobierno de España asuma su función de protección social sin derivarla a los ciudadanos: «No se están protegiendo derechos; se está obligando a familias inocentes a pagar el precio de la ineficacia estatal».