El triunfo del PP en las autonómicas y las elecciones de julio dejarán sin efecto la Ley de Vivienda

El triunfo del Partido Popular en las elecciones autonómicas, que avanza el éxito de Alberto Núnez-Feijóo en los comicios del próximo 23 de julio, dejará sin efecto la Ley de Vivienda. Tras los resultados del 28M, seis comunidades autónomas pasarían -pacto mediante con Vox- a estar gobernadas por el PP, que ya ha repetido en diversas ocasiones que no aplicará la norma, en especial el tope al precio de los alquileres en las zonas tensionadas o delimitación de grandes tenedores.

En concreto, el PP puede gobernar en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Aragón, Extremadura y Murcia, mientras que ha conseguido mayoría absoluta en La Rioja. Así, estas regiones se sumarán a las que ya están gobernadas por el partido y que desde la elaboración de la ley se han posicionado en contra: Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla y León.

«El vuelco electoral que se acaba de producir en España, en el que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas van a pasar a ser regidos por el PP, partido que se ha posicionado en contra de la nueva Ley de Vivienda, dejará sin efecto la normativa», afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

De esta forma, el control de las rentas en las zonas tensionadas y el resto de medidas incluidas en la ley no se aplicará en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, que son la que tienen la competencia en materia de vivienda. Asimismo, si el PP gana las elecciones generales del próximo 23 de julio, la normativa podría quedar sin efecto en todo el país. En este sentido, Zurdo comenta que «si como hemos visto, tras el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, la Ley de Vivienda se ha quedado casi sin efecto a largo plazo, podría ser derogada completamente si el Partido Popular gana las elecciones generales».

Claves de la ley

La clave principal de la Ley de Vivienda es la limitación de la subida del precio del alquiler. Durante 2023 se aplicará un límite del 2% (que está en vigor desde abril del año pasado); mientras que en 2024 el tope a la subida será del 3% para todos los contratos. Y a partir de 2025, se aplicará un nuevo índice, que tiene que crear el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entonces, el tope a la subida del precio del alquiler variará en función del tipo de contrato y del perfil del casero. En el caso de los pequeños propietarios que cuenten con menos de cinco inmuebles en una zona tensionada, el límite estará marcado por el contrato anterior. Mientras que para los alquileres de los grandes tenedores el tope se establecerá mediante la aplicación del índice de referencia.

Otra de las claves de la normativa es que rebaja la definición de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. De esta forma, los propietarios que tengan 5 o más inmuebles en un área tensionada se considerarán grandes tenedores y, por tanto, se les aplicarán unas medidas específicas.

No obstante, la ley permite que las comunidades autónomas regulen todos los alquileres en las zonas tensionadas, no sólo los de los grandes tenedores. La normativa establece que serán consideradas áreas tensionadas aquellas zonas donde la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.