El tribunal comercial de EEUU declara ilegal el arancel global del 10% de Trump y bloquea su aplicación

El Tribunal de Comercio Internacional ha dictaminado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía autoridad para imponer nuevos aranceles globales, después de que el Tribunal Supremo anulara la ronda previa de aranceles en febrero. Entonces, Trump retó a la Corte Suprema con una ley no invalidada de 1974. La decisión del jueves del Tribunal de Comercio Internacional ha invalidado el intento de Trump de imponer un nuevo arancel del 10% a productos de prácticamente todos los países, invocando la autoridad que le confiere la Sección 122 de la Ley de Comercio. El tribunal comercial de EEUU declara así ilegal el arancel global del 10% de Trump y bloquea su aplicación. Así, el tribunal limita el uso de aranceles globales por la Casa Blanca y abre la puerta a posibles reembolsos millonarios. 

El tribunal, en un fallo de 2 a 1, ha afirmado que el nuevo intento del presidente de imponer aranceles generalizados no cumplía con los criterios especificados en la ley de comercio para la aplicación de recargos a las importaciones.

La decisión ha sido adoptada por el Tribunal de Comercio Internacional en una votación dividida, en la que los jueces concluyen que la administración utilizó de forma incorrecta la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta norma, según su interpretación histórica, está pensada para situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios en la balanza de pagos o crisis del sistema financiero internacional, y no para la aplicación generalizada de aranceles a prácticamente todas las importaciones.

El núcleo del fallo judicial

• El tribunal considera que el Gobierno no cumplió los criterios legales necesarios para activar la Sección 122.
• El uso de esta disposición para justificar un arancel global del 10% excede el marco previsto por la ley.
• La medida carece de fundamentación suficiente dentro del objetivo original de la norma.
• Esta interpretación refuerza la idea de que el poder del presidente en materia comercial, aunque amplio, no es ilimitado y debe ajustarse estrictamente a lo establecido por el Congreso.

Antecedentes y contexto del conflicto

El caso se enmarca en una serie de tensiones jurídicas previas. En febrero, el Tribunal Supremo ya había invalidado una ronda anterior de aranceles impulsados por la misma administración, lo que llevó a la Casa Blanca a buscar nuevas vías legales para sostener su política comercial.

Tras ese fallo, el Ejecutivo recurrió de nuevo a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar aranceles temporales de hasta el 15% durante un máximo de 150 días en circunstancias excepcionales. Sin embargo, su utilización ha sido cuestionada por los tribunales al considerar que no se ajusta a las condiciones estrictas previstas por el legislador.

Consecuencias económicas

El texto también señala un posible impacto financiero significativo, que tendrá consecuencias para diferentes países:

• La administración de Donald Trump tiene intención de recurrir la decisión.
• En caso de derrota definitiva, podría verse obligada a devolver los ingresos recaudados.
• Ya estaría en marcha un proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares asociados a aranceles anteriores declarados ilegales. Este escenario añade presión económica y política a un conflicto ya complejo entre el poder ejecutivo y el sistema judicial.

Implicaciones políticas y comerciales

El fallo introduce varias consecuencias de fondo:

• Limita la capacidad del presidente para imponer aranceles amplios sin autorización clara.
• Refuerza el papel del Congreso y de los tribunales en la política comercial.
• Obliga a la administración a buscar bases legales más específicas para futuras medidas. En la práctica, el caso puede influir en cómo se diseñan futuras políticas arancelarias en Estados Unidos, especialmente aquellas de carácter global o generalizado.