El Ayuntamiento de Madrid desahucia a un enfermo terminal de cáncer de una vivienda social

Después de 20 años residiendo en el que fue su piso de Vallecas, el Ayuntamiento de Madrid ejecutará este viernes el desahucio de un vecino español que padece un cáncer en fase muy avanzada. Si nada lo remedia, Raúl, de 64 años, y su esposa Amelia, de 63, se verán en la calle por una vieja deuda de 5.000 euros con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) del alcalde José Luis Martínez Almeida.

La pareja compró la casa (una vivienda protegida) en el año 2006 y dejó de pagar la mensualidad al Ayuntamiento de Madrid durante el año 2009 después de que Raúl se quedara en el paro al no encontrar trabajo como electricista.

Entonces, el Ayuntamiento les denunció por impago y un juez le dio la razón y anuló el contrato de compraventa. Lo siguiente fue ordenar el desahucio en el año 2012, pero este no se ejecutó. El caso quedó «dormido»  y ahora, 14 años después, el Ayuntamiento ha impulsado de nuevo el desalojo de la pareja.

Los afectados han pedido negociar un pago fraccionado, lo único a lo que podrían hacer frente, pero la EMVS se niega porque ellos ya no son titulares de nada. Según fuentes municipales, legalmente no pueden negociar nada con alguien que no es propietario de la casa desde hace 17 años. Los afectados han pedido a la juez del caso una suspensión por la delicada situación de salud de Raúl, y también se la han denegado.

Amalia relata: «No entiendo nada de lo que pasa; se supone que EMVS tiene fines sociales, pero nos va a dejar en la calle con más de 60 años, con mi marido enfermo muy avanzado de cáncer y electricista en paro». «No quieren negociar, no quieren que paguemos, lo que quieren es quitarnos el piso, que en su día valía 42.000 euros».

Piden parar el desahucio por humanidad

Para desgracia del enfermo y de su mujer, la juez le ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid y se niega a suspender el desahucio que tendrá lugar en menos de 24 horas. La abogada de los afectados ha pedido un aplazamiento de última hora por razones humanitarias, pero no parece que vaya a haber una contestación al respecto.

En el auto del 27 de mayo de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 77, recuerda que la justicia ya resolvió en su día la resolución del contrato de compra de la vivienda social en el año 2009. La juez admite que en el año 2013 el ayuntamiento intentó el desahucio sin conseguirlo y desde entonces cayó en el olvido. Pero en 2024 el Ayuntamiento de Madrid ha decidido rematar la tarea denunciando de nuevo a las víctimas y, por tanto, ahora deben desalojar el piso, pagar las costas del procedimiento judicial y entregar la casa sin más dilación.

La juez recuerda también que el desahucio no es por una cuestión de impago y que, aunque Raúl esté bajo tratamiento oncológico, no tiene que estar permanentemente encamado y puede residir en otra vivienda.

Por último, el auto de la juez niega la suspensión temporal del desahucio. Argumenta la juez que la pareja de vecinos víctima del desahucio sabía de las intenciones del ayuntamiento desde el año 2010 «y desde entonces han tenido suficiente para gestionar su residencia en otro lugar».

La respuesta de la abogada de la pareja ha sido pedir al menos un aplazamiento excepcional del desahucio durante el tiempo que el juzgado estime prudencial, «por estrictas razones médicas, sociales, humanitarias y de proporcionalidad».

Recuerda la letrada que Raúl es electricista en paro y enfermo de cáncer de recto en fase avanzada, necesitando ciclos de quimioterapia, el último de ellos el día 27 de mayo. De radioterapia, el 28 de mayo. Y el desalojo previsto el 29 de mayo le podría afectar seriamente en su proceso de tratamiento frente al cáncer.

La versión del Ayuntamiento

Fuentes de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid, recuerdan que el impago fue juzgado en 2009 y se da la razón al Ayuntamiento de Madrid: «Desde 2009 los residentes en esa vivienda viven sin título habilitante, de manera ilegal, y, por tanto, sin pagar un solo euro, y sin posibilidad legal de ‘legalizar’ o llevar a cabo una subrogación al tratarse de una compraventa fallida (por impago) con sentencia judicial firme».

En la EMVS recuerdan que en el auto actual de desahucio, la jueza ha determinado que no se dan las condiciones para dar amparo por vulnerabilidad a los afectados.

El «decreto antidesahucios» ya no existe

Algo que efectivamente reseña la magistrada en su sentencia, alegando que el decreto «antidesahucios» del Gobierno ya no está en vigor y no tiene efectos jurídicos. Añade la magistrada que, en caso de ser necesario, se active SAMUR Social.

Desde el Ayuntamiento se acogen a la normativa vigente de vivienda, y aseguran que han promovido el desahucio de esta pareja para proteger el patrimonio municipal y los derechos de los demás solicitantes de vivienda social que esperan lista para la concesión de un piso.