Transparencia Internacional España defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
Los retrasos de licencias hacen peligrar los fondos europeos Next Generation
«Los fondos Next Generation podrían suponer la creación de 9.500 puestos de trabajo en EULEN»
Es necesario robotizar la administración pública para que los fondos Next Generation no la colapsen
La organización civil Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado este jueves, y reafirma su compromiso con la celebración de un evento monográfico sobre ‘Medidas Antifraude en los Fondos Next Generation EU’, organizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (ObCP) y con el apoyo de los Proyectos de Investigación I+D+I Next Generation EU y ON TRUST-CM.
El evento contó con la participación de 11 ponentes, entre los que se encontraban representantes de la Comisión Europea, del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de Transparencia Internacional, así como académicos y catedráticos de distintas universidades.
Se abordaron las cuestiones esenciales de las medidas antifraude exigidas por la Unión Europea en el marco de los Fondos Generation-EU, en particular, así como también en los demás fondos de la política de cohesión tanto para las administraciones públicas como para las empresas con el objetivo de prevenir la corrupción en la adjudicación y ejecución de los proyectos financiados con cargo a estas partidas específicas del presupuesto de la UE.
Los fondos europeos Next Generation-EU constituyen uno de los planes de recuperación económica más ambiciosos de la UE. Se trata de un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación de Europa tras la Covid-19. En este sentido, ha sido la política de cohesión la que ha estado a la vanguardia en la respuesta europea ante la crisis del coronavirus porque, tal y como señaló Vicente Rodríguez Sáez, deputy head for Spain and Portugal DG Regio-Comisión Europea, “aspiran a reducir las disparidades entre las distintas regiones de la UE, con el fin de lograr un desarrollo económico, social y territorial equilibrado.”
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España supone una herramienta esencial en la canalización de los fondos europeos que recibirá el país y, por ello, según Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España y catedrática de Derecho penal, “las medidas antifraude son esenciales para su correcta adjudicación”.
Control y ejecución de los Fondos Next Generation-EU
Los Fondos Next Generation-EU constituyen un cambio radical en la política económica de la Unión Europea y de la Comisión Europea en relación con la gestión de esta crisis sin precedentes. «La gestión del PRTR, conjuntamente con la de la pandemia, es el mayor desafío que tenemos. Hay que afrontarlo como una oportunidad para hacer los cambios estructurales que necesita este país”, afirmó Olivié Bayón, director general de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
A juicio de Santiago Fernández, jefe de la Unidad de Seguimiento del PRTR en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, “se debe alcanzar un equilibrio entre el control y la ejecución de los mismos” porque el modelo de rendición de cuentas y de control está basado en la comprobación del cumplimiento de hitos y objetivos, pero sin un control pormenorizado de cada gasto, sin perjuicio de las auditorías posteriores que se puedan realizar.
Finalmente, en este análisis destinado a las medidas concretas de prevención del fraude, Bacigalupo destacó las exigencias que imponen estas medidas no sólo para la Administración, sino también para las empresas que concurran a la solicitud de los proyectos.
David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, resaltó, según recoge la agencia Servimedia, que «en medio de una gestión postcovid o intercovid, y con la llegada de los fondos europeos, es un momento idóneo para poner en marcha un mecanismo de acción colectiva sólidamente asentado como son los Pactos de Integridad para reducir la corrupción y reforzar la integridad en un campo tan delicado y expuesto como es la contratación pública, de modo que fortaleciendo la participación y la transparencia en este tipo de procesos, fortaleceremos la integridad y fortaleciendo la integridad fortaleceremos, en última instancia, la confianza y el interés público”.
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