Teresa Ribera y su marido quieren que su protegida María Jesús Martín presida la Comisión de la Energía

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 19/12/2023 06:45
  • Actualizado: 19/12/2023 06:45

La ministra Teresa Ribera y su marido, Mariano Bacigalupo, han propuesto a Pedro Sánchez el nombramiento de su protegida, María Jesús Martín Martínez, como presidenta de la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE), según fuentes al tanto de la situación.

Con este nombramiento, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica quiere asegurarse el control del nuevo organismo que regulará el mercado energético. El hecho de postular ahora a Martín Martínez pretende aprovechar el vacío de poder en el Ministerio de Economía con la marcha de Nadia Calviño al BEI.

«Es la candidata natural. Solvente técnicamente, discreta de absoluta confianza del tándem Ribera/Bacigalupo y además ya es consejera», señala una de las fuentes.

Ribera y su marido consiguieron que su protegida ocupara el asiento en el consejo de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que dejó vacío el propio Bacigalupo en 2022 cuando el Gobierno lo nombró consejero de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, la policía de la Bolsa) para asegurarle seis años más de sueldo público ante el fin de su mandato en la CNMC en 2023.

Precisamente, este traslado de Bacigalupo de una comisión a otra va a ser investigado por el Tribunal Supremo, como adelantó OKDIARIO, por no cumplir el requisito de contar con «reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores». El Alto Tribunal sigue así la doctrina por la que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al no reunir uno de los dos requisitos que la ley exigía para el cargo.

A la espera de esta posible anulación, de momento Ribera y Bacigalupo quieren asegurarse el control del nuevo organismo que se va a desgajar de la CNMC en virtud del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar con el apoyo de la propia Ribera, como informó también este medio.

La CNE, muy relevante

El control de la CNE es muy relevante por cuanto será la que determine las nuevas normas del sector energético, en especial la revisión de la remuneración de las redes de distribución y transporte de electricidad, la gran batalla que tiene que librar ahora el sector.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, se ha quejado de que ahora mismo hay un tope a la inversión en redes de distribución que el Estado retribuye a las empresas; y «la inversión que no se retribuye no se hace», añade.

Teresa Ribera ha mantenido un duro pulso con Nadia Calviño durante la pasada legislatura. La ministra de Economía fue quien colocó a Cani Fernández -a quien conocía por su labor en Bruselas a favor de las empresas energéticas cuando trabajaba en Cuatrecasas- al frente de la CNMC, que pasó de ser el azote del sector a no abrirle un solo expediente, ni mucho menos imponer sanciones. Asimismo, Calviño favoreció el descuento de la gasolina tras la invasión de Ucrania frente al criterio de su rival.

Ribera se resarció y tomó la delantera con el cambalache de su marido y su relevo por Martín Martínez, exdirectora general de Política Energética y Minas en su Ministerio de Transición Ecológica. Calviño contraatacó al colocar a su candidata, Rocío Prieto como directora de energía de la CNMC -en sustitución precisamente de Martín Martínez tras su ascenso a consejera- por delante de la candidata de Ribera, María José Samaniego.

La última victoria de Ribera ha sido precisamente la separación de la CNE de la CNMC, ya que Calviño ha sido la gran valedora de mantener el regulador único para todos los mercados que creó el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora ya la titular de Economía está de salida y la de Transición Ecológica pretende que el nuevo ministro se encuentre ya sin capacidad de reacción para controlar la CNE.

No obstante, la creación de este nuevo organismo debe aprobarse mediante proyecto de ley, lo cual requerirá meses de tramitación parlamentaria