Sanidad prohibirá la publicidad de marcas en los bares y Hostelería cifra las pérdidas en 1.700 millones

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 31/10/2025 20:31
  • Actualizado: 31/10/2025 20:33

El Ministerio de Sanidad ultima un anteproyecto de ley para la prevención del consumo de alcohol en menores que incluye, entre sus medidas más controvertidas, la prohibición de cualquier forma de patrocinio o publicidad de bebidas alcohólicas en mobiliario, toldos, sombrillas, sillas o neveras de bares y cafeterías que puedan estar situados en entornos donde haya menores. Para el sector hostelero, esa medida supone un colosal coste estimado de hasta 1.700 millones de euros en pérdidas, según un informe de Hostelería de España y Cerveceros de España.

Impacto económico y alcance de la norma

El estudio indica que la retirada del mobiliario patrocinado (como sombrillas, sillas, mesas, servilleteros o neveras con logotipos de marcas de cerveza) implicaría un coste directo aproximado de 600 millones de euros para el sector, junto con una caída en las ventas de entre 1.080 y 1.680 millones.

Se calcula que entre el 70 % y el 80 % de los aproximadamente 130.000 bares y cafeterías del país cuentan con este tipo de patrocinio. Además, cada local afectado tendría que asumir un coste estimado de unos 12.000 euros para adaptar o reemplazar mobiliario que actualmente es gratuito gracias al patrocinio.

El anteproyecto de ley fija que la publicidad y patrocinio de bebidas alcohólicas se prohíbe en un radio de 150 metros desde centros educativos, sanitarios, parques infantiles y otros espacios frecuentados por menores, así como en todo mobiliario visible desde la vía pública en esos entornos.

El propio sector alerta de que podría haber repercusiones directas sobre el empleo: entre 8.000 y 10.200 puestos de trabajo podrían verse afectados, especialmente en pequeñas localidades rurales donde el bar es uno de los pocos negocios que sostienen la comunidad.

Uno de los documentos incluso apunta que en unos 235 municipios que cuentan con sólo un bar, podría llegar a desaparecer la única oferta hostelera por el coste añadido que supondría asumir el nuevo mobiliario y la pérdida de patrocinio.

Salud pública frente a viabilidad del sector

La medida responde a las preocupaciones del Ministerio de Sanidad sobre la exposición de menores al entorno del alcohol y la publicidad indirecta asociada a bares, terrazas y mobiliario urbano, lo que podría incentivar patrones tempranos de consumo.

Sin embargo, desde el sector hostelero se denuncia que la norma se dirige «contra los bares» y no únicamente contra el alcohol, ya que el patrocinio de mobiliario ha sido durante años un mecanismo que permitía reducir costes a los establecimientos. En palabras de un representante del sector: «La ley va contra los hosteleros», haciendo referencia al impacto que prevén en el modelo económico de muchos bares.

La normativa concederá un plazo para adaptarse: aunque la ley aún no está plenamente aprobada, se prevé que las medidas entren en vigor un año después de su publicación en el BOE. Inicialmente, podría no afectar al mobiliario ya instalado antes de esa fecha, aunque el coste de renovación recaerá sobre los locales una vez tengan que cambiarlo.

El enfrentamiento entre salud pública y viabilidad económica queda así evidenciado: mientras el Gobierno defiende la necesidad de reducir la exposición de menores al alcohol y sus estímulos comerciales, el sector hostelero advierte de un impacto fuerte que pone en riesgo miles de negocios, especialmente en zonas rurales. La negociación entre ambas sensibilidades será clave en los próximos meses, cuando la norma termine su tramitación y se concreten posibles ayudas, plazos de transición o excepciones para evitar cierres masivos o pérdidas de empleo.