Sánchez se carga la independencia de los auditores que aprobó De Guindos

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 06/12/2022 06:46
  • Actualizado: 06/12/2022 09:50

La política económica de Pedro Sánchez ha acabado con una de las principales garantías para inversores, clientes y empleados de las empresas: la independencia de la auditoría de cuentas. Los socios del Gobierno han aprobado de rondón en el Congreso una enmienda que se carga la reforma de la Ley de Auditoría que introdujo Luis de Guindos tras los escándalos de la crisis financiera, lo que ha provocado la indignación de los propios auditores. Las grandes beneficiadas son las big four con grandes contratos en el Ibex.

En dicha crisis, los auditores fueron incapaces de detectar que numerosas entidades financieras estaban quebradas y aprobaron sus cuentas año tras año sin salvedades: fueron los casos de KPMG en la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Deloitte en Bankia, Novacaixagalicia o CatalunyaCaixa, o de PwC en el Banco Popular. Eso, cuando no se les pasaron directamente fraudes como el de Pescanova (BDO) o Gowex (M&A).

Este fracaso rotundo del sistema español de auditoría provocó que el Ministerio de Economía, con De Guindos al frente, aprobara en 2015 una reforma de la ley que limitaba a 10 años el período que una misma firma podía revisar las cuentas de una empresa grande (lo que se conoce como entidad de interés público). Un período todavía muy extenso, pero, al menos, se trataba de un avance sobre la situación anterior, en que no había límite alguno.

La teoría subyacente parte del conflicto de interés irresoluble que supone que la auditora cobre del auditado, lo cual hace que tenga muy pocos incentivos para encontrar irregularidades salvo que sean muy flagrantes. Pero, además, si lleva muchos años y tiene asegurada la continuidad de su contrato indefinidamente, este incentivo perverso se multiplica y la independencia del auditor queda totalmente en entredicho.

La reforma de De Guindos pretendía precisamente paliar este problema con la obligación de todas las grandes empresas de convocar un concurso cuando el auditor llevara 10 años, al que no podría presentarse la misma firma. Es decir, tenía que cambiar de auditora. Esto provocó un terremoto entre las grandes del Ibex, donde Deloitte (el rey del Ibex antes de la crisis) perdió grandes contratos como Banco Santander o Telefónica a manos de PwC, o Iberdrola (que fue a parar a KPMG).

Las big four ganan

Con la enmienda aprobada en el Congreso, esta reforma se viene abajo, ya que se permitirá que el auditor actual se presente al concurso y renueve su mandato por otros 10 años, es decir, 20 años en total. También admite que el contrato se prolongue 14 años si se introduce una segunda firma auditora, algo muy inusual en España. Lógicamente, eso beneficia a las big four que ganaron concursos gracias a la ley de Guindos y que ahora podrán renovarlos.

El REA (Registro de Economistas Auditores) ha criticado duramente la enmienda, introducida por PNV y PDeCAt en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado aunque no tenga nada que ver con ellos: «El REA ha advertido sobre los peligros de esta segunda opción –10 años mediante una convocatoria pública de ofertas–, habida cuenta de que, si el concurso lo ganase la misma firma que ya auditaba a determinada entidad del sector público –lo que podría ser bastante probable al tener un conocimiento profundo de la misma–, dicha firma se perpetuaría en el cargo durante 20 años afectando gravemente a su independencia».

Por ello, «considera necesario que, durante la tramitación de los Presupuestos Generales en el Senado, se elimine esta posibilidad, ya que, además de comprometer la independencia del auditor, fomenta la concentración del sector».