Sánchez amplía la brecha generacional: la renta de los jubilados es un 13% mayor que la de los trabajadores

La diferencia entre la renta de los jubilados y la de los trabajadores es cada vez mayor, pese a que son estos últimos los que se encargan de mantener el sistema de pensiones. La inflación ha afectado a todos los españoles, sin embargo, los trabajadores no tienen blindados la revalorización de los salarios como tienen los pensionistas, lo que ha ampliado la brecha generacional con una diferencia de la renta per cápita del 13% entre los pensionistas y los ocupados.

Según la Encuesta Condiciones de Vida 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta per cápita de los jubilados el pasado año ascendió a 15.616 euros netos anuales, frente a los 13.867 euros netos de una persona ocupada. Esto supone diferencia del 13%, pese a que son los trabajadores los que se encargan de llenar las arcas de la Seguridad Social. Una brecha generacional que se ha agrandado desde que Sánchez llegó a la Moncloa: en 2018, la diferencia de rentas entre pensionistas y trabajadores no llegaba al 7%.

Una brecha generacional que se irá incrementando aún más en el medio plazo. El pasado año, Pedro Sánchez eliminó el factor de sostenibilidad de Mariano Rajoy, vinculando las pensiones al IPC medio anual. Según los últimos datos del gasto en pensiones publicados por el Ministerio de José Luis Escrivá, la renta media de las nuevas altas de jubilación en el Régimen General asciende a 1.463,67 euros mensuales, lo que multiplicado por las 14 pagas correspondientes alcanza los 20.491 euros. Con una inflación media del 6% prevista por el propio Ejecutivo, esa pensión ascenderá a 21.720 euros brutos anuales el próximo año.

Sin embargo, el salario de los trabajadores no aumenta al mismo ritmo, algo que se ve claramente en los salarios pactados en convenio, que en el mes de mayo subieron de media un 2,42%, seis puntos menos de lo que se incremento el IPC en ese mismo mes, cuando se situó en el 8,1%, dejando latente el empobrecimiento de los españoles. Un problema que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones que, con la progresiva jubilación de la generación del baby boom, se verá aún más tensionado.

El Ejecutivo de Sánchez sigue una hoja de ruta en pensiones que pasa por eliminar en los próximos años el déficit actual de la Seguridad Social, una meta cada vez más inalcanzable ante la evolución descontrolada de la inflación. Para ello, en los dos últimos ejercicios ha traspasado al Estado gastos que en teoría están dentro de ese sistema, como reducciones en la cotización o prestaciones contributivas al nacimiento y cuidado de menores, por un total de 4.570 millones, pero también se trasladan otros gastos por conceptos no detallados, con lo que no se aclara su naturaleza de gastos impropios, cuya suma se acerca a los 14.000 millones de euros.

Sin embargo, otros organismos económicos no son tan optimistas como Sánchez y prevén una inflación más elevada de la estima el Gobierno. Según los últimos datos del Banco de España, actualizar las pensiones en 2023 con una inflación media del 7% costaría unos 12.600 millones a las arcas públicas. Y, de alcanzarse un IPC medio del 8,1 -como estima la OCDE- el Gobierno tendría que aumentar en 14.600 millones el gasto en pensiones. Un despilfarro que vacía la hucha de las pensiones, ya que la Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 10.832 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2021.