Sánchez se aferrará a dos sentencias del Constitucional para encajar el regalo fiscal a Cataluña
Los economistas de Fedea explican el posible encaje en el marco constitucional
Pedro Sánchez busca la forma de contentar a sus socios sacando adelante el prometido regalo fiscal a Cataluña, es decir, poniendo en marcha la llamada singularidad económica a pesar del Tribunal Constitucional. Una reforma del sistema de financiación hecho a medida a cambio del nombramiento de Salvador Illa con los votos de ERC y Junts. Los economistas de Fedea explican el camino que podrían seguir, desde un punto de vista tanto económico como jurídico, para dinamitar el actual sistema de financiación.
La idea tras la reflexión de Fedea, es que el Gobierno podría basar su estrategia en varias sentencias del Tribunal Constitucional, en las que hace referencia a las normas de financiación como «normas infraconstitucionales» en las que no han de pronunciarse «sobre el sistema más adecuado de financiación de las Haciendas territoriales o de coordinación de las actividades financieras de los distintos entes territoriales entre sí» (STC 179/2012, FJ11). Otra de esas sentencias habla de que no incumbe al propio Constitucional «determinar cuál es el más adecuado sistema de articulación de competencias estatales y autonómicas». (STC 68/1996, FJ2). Aunque hay otras sentencias dentro del alto tribunal que hacen referencia a esa financiación autonómica, vienen a aseverar la misma línea de pensamiento.
Pero para acudir a esas sentencias y lograr el encaje del regalo fiscal a Cataluña, Sánchez tiene que encontrar la fórmula para saltarse el problema de la solidaridad entre regiones, que sí defiende el propio Constitucional.
Ese concepto de solidaridad es lo que habilitaría el llamado cupo catalán, o singularidad fiscal en Cataluña, como se quiera, dentro de la Norma Fundamental.
La Constitución se refiere al «principio de solidaridad», como explica Joan Ridao i Martín desde Fedea, «como un principio en conexión al modelo territorial de descentralización política y vinculado, de manera específica, al ámbito de la financiación autonómica».
Este tipo de argumentos han sido utilizados en el pasado para vertebrar esa financiación en los distintos estatutos de autonomía, logrando que siempre prevaleciera el principio de solidaridad. Sólo en dos ocasiones, y debido a sus derechos forales, recogidos también en la Constitución, se han hecho excepciones, pero esos modelos se crearon «en torno al principio de solidaridad». De esa manera, Ridao i Martín explica cómo podría darse la singularidad fiscal de Cataluña.
Aunque, tanto Navarra como País Vasco, -especialmente este último- tienen establecido un marco en el que la recaudación ni puede quedar por encima del cupo, no está claro cómo lo quiere articular Cataluña. En el País Vasco, la teoría es que recaudan tanto como para quedarse lo que les correspondería, y dan el excedente, por explicarlo de forma muy simplificada. Cataluña pretende no sólo recaudar todos los tributos, sino decidir qué devuelve en función de unas cuentas pasadas con el Estado según las cuales se le debe dinero al territorio. Cuentas en las que anotan lo que debieron cobrar en función de lo que aportan, pero no anotan lo que el propio Estado destina en el resto de inversiones, ayudas, infraestructuras…
En todo caso, como quiera que Ridao i Martín parece desligarse de la línea marcada por Fedea hasta ahora -o explicar la manera en que el Gobierno y sus socios cuadrarían el círculo-, el propio economista explica que la inconstitucionalidad «nunca vendría del cambio de sistema», sino de que «ese cambio generase desigualdades».
De ahí la necesidad de que, para encajar el regalo fiscal y lograr la aprobación del Constitucional, Sánchez deba mantener intacto el principio de solidaridad y evitar los privilegio sociales y económicos.
Para que eso ocurra, Hacienda deberá cerrar con los catalanes un pacto que mantenga intacta la contribución que realiza Cataluña. Da igual que se quede primero una parte y ponga lo restante o que, como hasta ahora, ceda la recaudación y luego reciba una parte. La cuenta deberá ser la misma, o se estaría dotando de privilegios económicos a una comunidad.
El regalo fiscal, un «completo desastre»
Los mismos economistas de Fedea, como tantos otros organismos, se han pronunciado en distintas ocasiones contra el pacto firmado entre socialistas y republicanos en Cataluña. Ángel de la Fuente, director de Fedea, señaló como un «completo desastre permitir que los territorios más ricos se queden con su excedente fiscal», puesto que «no habrá recursos para financiar la nivelación territorial o políticas sociales uniformes en todo el país».
Desde el propio Instituto de Economía de Cataluña, su director, José María Durán, también ha asegurado que, «igual que las comunidades autónomas deben tener responsabilidad fiscal y que esta sea conocida por sus ciudadanos, lo mismo debe ocurrir con el Gobierno central. Con la propuesta formulada, el gobierno central dejaría de tener poder normativo sobre los impuestos pagados en Cataluña».
Más allá de la propia redacción final del texto que sirva para habilitar el regalo fiscal, parece claro que la discusión ya no es el modelo, sino de qué manera intentará el Ejecutivo, como explica Ridao i Martín, cambiar por completo el sistema y decir que no cambia para «privilegiar a nadie».