Los sabios de Montero sacan los colores a Sánchez: «Hay que pactar la reforma de Patrimonio con Madrid»

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 04/10/2022 06:45
  • Actualizado: 04/10/2022 08:23

Mientras el Gobierno ha diseñado cautelosamente un nuevo impuesto a los ricos para evitar recursos de las comunidades del PP -que han suprimido el Impuesto al Patrimonio-, los populares anuncian batalla jurídica «hasta el final» por lo que consideran una imposición que atenta contra sus competencias autonómicas y su independencia tributaria. A la espera de que los tribunales se pronuncien, el comité de sabios que eligió a la carta la ministra María Jesús Montero para elaborar su propuesta de reforma fiscal ya ha emitido la primera opinión autorizada al respecto: dos sentencias del Constitucional aclaran que la titularidad del impuesto es estatal, por lo que el Gobierno puede cambiar el impuesto, pero previo intento de pactarlo con las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«Los servicios jurídicos del comité nos dijeron claramente que el impuesto es de titularidad estatal, es del Estado, que decide cederlo a las regiones. Pero aunque lo ceda, no significa que sea de titularidad autonómica. De hecho, nos dijeron que si el Gobierno decidía dar macha atrás y recuperar el impuesto, la indemnización a las autonomías era de cero euros», señala uno de los expertos que elaboraron el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria en abril de 2021.

Así lo reflejan los sabios en el informe final. En la página 711 explican que «la titularidad de todos los impuestos cedidos sigue siendo del Estado en cuanto con tributos establecidos en el ejercicio de su potestad tributaria (art. 133.1 de la Constitución)». Pero añade: «Ello implica que las Cortes Generales pueden modificar el alcance y condiciones de la cesión de un tributo, o incluso suprimirlo, si bien precedido del intento de acuerdo (no vinculante para el legislador, aunque sí para el Gobierno) con las Comunidades afectadas (STC 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 3, STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 4)».

Citan dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 161/2012, de 20 de septiembre, que trata sobre una disputa entre Andalucía y el Gobierno central, y la 181/1988, de 13 de octubre, sobre un recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Estado. En esas sentencias, el Constitucional señala que estos temas tienen un «principio inherente de colaboración y lealtad constitucional, que postula la adopción de procedimientos de consulta, negociación o, en su caso, la búsqueda del acuerdo previo, para la concreción normativa de temas de tanto relieve respecto a la puesta en marcha del Estado de las Autonomías».

Por esta razón, el comité de sabios del Gobierno de Sánchez deja claro en su informe que «las propuestas que este Comité hará más adelante, en el caso de ser atendidas por el Gobierno, deberían plantearse en los correspondientes órganos de coordinación con las comunidades autónomas de régimen común».

«El Gobierno no quería»

Sin embargo, la realidad es que el Gobierno ha planteado a las bravas cambiar un impuesto directamente dirigido a imponer el pago de Patrimonio a los ciudadanos de las regiones del PP que lo han suprimido. Ya es conocido que el PSOE votó en contra de una enmienda de ERC a los Presupuestos de 2021 que pretendía obligar a Madrid a cobrar este impuesto, y que hace unos meses el PSOE votó en contra en el Congreso otra vez de un impuesto a los ricos.

Pero también se lo dejó claro a los expertos de este comité. «Nosotros no recomendamos la creación de un nuevo impuesto estatal porque el Gobierno no quería. Por eso, la idea que finalmente asumimos todos por mayoría es que fuera un gravamen con unas líneas básicas para todas las comunidades marcadas por el Estado, y luego dejar margen a las regiones para modificarlo en parte sin saltarse las líneas básicas», señalan fuentes del comité. Finalmente, nada de esto se ha hecho.