Ryanair confirma una nueva crisis: el retraso en la entrega del Boeing 737 MAX supondrá más cierres y despidos

Las aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha anunciado que no descarta llevar a cabo nuevos cierres y despidos, ante un nuevo retraso anunciado en la entrega de su primer Boeing 737 MAX. En un primer momento esta estaba prevista para los primeros meses de verano, pero finalmente se prolongará hasta septiembre u octubre «como muy pronto».

La compañía que espera un pedido de 10 aviones de este modelo, tendrá que modificar como consecuencia de este retraso su programación de vuelo para los meses de verano, lo que podría derivar en un aumento del precio de los billetes por la falta de aeronaves. “Lamentablemente, este retraso en la entrega del 737 MAX significa que no podemos descartar más recortes de bases y cierres”, ha destacado Eddie Wilson, CEO de la aerolínea.

“Haremos todo lo posible para evitar más cierres de bases, pero esto significará eliminar al menos 10 aviones de las bases existentes, por lo que no se pueden descartar más pérdidas de empleos de pilotos y tripulación de cabina. Intentaremos informar a todas las bases en la primera o segunda semana de febrero sobre qué nuevos recortes o cierres se requerirán como resultado directo de estos retrasos en la entrega de Boeing Max», ha añadido Wilson.

Canarias

Este anuncio se ha producido tan solo unas semanas después de que se produjera el cierre de las bases que la aerolínea tenía en Canarias, en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Este cierre supuso la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) para 260 trabajadores. A esta situación se suma la presión recibida por los trabajadores de la base de Gerona.

De este modo el próximo 10 de marzo comenzará en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio por la demanda interpuesta por USO contra Ryanair por despido nulo. Desde el sindicato denuncian que los trabajadores de las bases de Canarias no recibieron las cartas de despido con un mes de antelación y, además, recibieron cantidades en sus cuentas personales que «no correspondían con las indemnizaciones».

Los sindicatos también han incluido en su demanda la actuación de la empresa en la base de Gerona, donde consideran que los trabajadores sufrieron «coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe».