La regularización masiva de Sánchez destapa la dependencia en sectores clave de la economía sumergida

Hace poco más de un mes, el BOE publicó el Real Decreto que regulariza de forma extraordinaria a medio millón de extranjeros en España, suponiendo 3,15 millones de empleos según la Seguridad Social. Sin embargo, la realidad resulta más compleja.

En primer lugar, según un informe detallado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por el investigador Florentino Felgueroso, actualmente existen en España unos 550.000 trabajadores extranjeros extracomunitarios que operan fuera del sistema de la Seguridad Social. 

Por lo que la medida, que busca integrar a este colectivo en la economía formal, dejaría fuera ya a 50.000 personas. Además, Felgueroso advierte de que la concesión de permisos de residencia no garantiza automáticamente el paso a la legalidad laboral.

Es más, la regularización pone de manifiesto hasta qué punto numerosos sectores dependen del empleo informal.

Lejos de resolver el problema, este proceso extraordinario podría evidenciar tensiones estructurales en ámbitos como el trabajo doméstico, los cuidados, la hostelería o la construcción, donde una parte significativa de la actividad ha funcionado durante años dentro de la economía sumergida en España.

Del debate migratorio al económico

Ahora las empresas, los autónomos y las familias comienzan a enfrentarse a una cuestión mucho más incómoda que va más allá de los expedientes, los plazos administrativos o el impacto político. La problemática es cuánto cuesta realmente formalizar empleos que hasta ahora funcionaban en la práctica fuera del circuito legal.

Los expertos de Extranjería Clara señalan que el proceso que afecta a medio millón de personas, coincide con un momento especialmente delicado para determinados sectores intensivos en mano de obra.

Hostelería, cuidados, construcción, limpieza, agricultura o servicios personales llevan años alertando de dificultades crecientes para cubrir vacantes, especialmente en perfiles de baja cualificación o alta exigencia física. 

Sin embargo, parte de ese mercado laboral ha convivido históricamente con bolsas de informalidad sostenidas, en muchos casos, por trabajadores extranjeros que no podían acceder fácilmente a contratos formales por su situación administrativa.

España lleva años contratando en ‘b’

Ahora la regularización puede sacar a la superficie una realidad que llevaba tiempo funcionando de forma invisible.

Muchas personas que ya trabajan podrán exigir contratos, cotización y condiciones laborales normalizadas. Y eso obliga a replantear determinados equilibrios económicos.

El impacto puede sentirse primero en uno de los ámbitos más sensibles, como el empleo doméstico y los cuidados, en donde miles de hogares dependen actualmente de trabajadoras extranjeras para atender a mayores, niños o personas dependientes.

En muchos casos, la relación laboral se mantenía en una situación informal porque la trabajadora no disponía de autorización de residencia o trabajo.

La posibilidad de acceder ahora a un NIE y formalizar contratos introduce una tensión económica real en muchas familias que, aunque actúan como empleadoras, no son empresas ni cuentan siempre con capacidad suficiente para absorber de golpe un incremento de costes laborales.

«No se trata de criminalizar a las familias, porque muchas simplemente intentan sostener situaciones de conciliación o dependencia con recursos muy ajustados. Pero sí es importante entender que, si avanzamos hacia una formalización necesaria y positiva, también tendremos que afrontar cómo se asume ese coste», señala Guillermo J. Valderrábano, fundador de la asesora.

Sectores que pueden asumir más

Ese mismo fenómeno amenaza con trasladarse a pequeñas empresas y autónomos en sectores con fuerte dependencia de mano de obra extranjera.

Restauración, estética, limpieza, reformas o construcción llevan meses alertando de dificultades para encontrar trabajadores disponibles, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas. 

En paralelo, la regularización puede obligar a asumir costes laborales reales en actividades donde parte de la competitividad descansaba precisamente en estructuras informales o semiformales.

«Durante años determinados sectores han funcionado con costes muy ajustados porque parte de la mano de obra estaba fuera del sistema. Si queremos empleo formal, cotizaciones y protección social, también hay que asumir que eso tiene un impacto económico», sentencian los expertos.

La cuestión no es menor. Si una parte significativa de los potenciales beneficiarios accede al mercado laboral formal, el efecto sobre cotizaciones y recaudación puede ser relevante. De ahí el interés del Gobierno en sacar adelante el decreto.

Tomando como referencia salarios cercanos al SMI, el volumen de actividad económica vinculado a estas regularizaciones podría superar los 8.500 millones de euros anuales, aumentando la recaudación pública, pero también los costes para las empresas.

Entre los mayores riesgos que detectan desde el sector está la creación de un nuevo limbo administrativo.

«Existe un escenario muy concreto que preocupa mucho a empresas y trabajadores. Personas que podrían incorporarse legalmente al mercado laboral, pero que siguen bloqueadas porque el expediente no avanza al ritmo esperado», sostiene Valderrábano.

Hay contratos que no se firman, incorporaciones que se retrasan y procesos de selección que terminan frustrando porque la empresa no puede esperar varios meses a que llegue la autorización definitiva. Esto se ve sobre todo en sectores con elevada rotación o necesidad urgente de personal.

En este contexto, el proceso extraordinario puede terminar funcionando como una especie de radiografía involuntaria del mercado laboral español. «La regularización está obligando a abrir una conversación sobre empleo, productividad y economía informal que España llevaba años posponiendo», concluye Guillermo J. Valderrábano.