La reducción de la deuda de los españoles con Hacienda es la peor desde 2015

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 19/11/2019 14:06
  • Actualizado: 19/11/2019 15:03

El ritmo de reducción de la deuda de los españoles con las arcas públicas es el peor desde 2015, año del inicio de la recuperación económica en España. De acuerdo con la Memoria de la Agencia Tributaria de 2018, conocida este lunes, ciudadanos y empresas españolas deben a Hacienda 41.628 millones de euros, casi el 4% del PIB. Es un 1,7% menos que en 2017, el peor porcentaje desde 2015.

Como se ve en el gráfico -tomado de la Memoria de la Agencia-, la deuda ha ido aumentando constantemente desde el año 2000 y solo empezó a mejorar a partir de 2015, año que empezó la recuperación económica. Pero el ritmo de reducción de la deuda ha ido en aumento hasta 2017, cuando alcanzó el 7,6%, hasta 2018 que ha caído pero a un ritmo mucho menor.

Las deudas pendientes son los pagos de ciudadanos y empresas que están pendiente de cobro por parte de la Agencia, incluidos los aplazamientos. «No obstante, dentro de las deudas pendientes hay que distinguir entre aquellas en las que concurren supuestos de suspensión, aplazamiento o procedimiento concursal, que no resultan exigibles mientras permanezcan en esa situación», recuerda la institución.

Las deudas de los españoles con Hacienda a cierre de 2018 son 11.200 millones de euros más que a cierre de 2008. Se trata por tanto de casi un 40% más que al inicio de la crisis económica.

Fraude

Por otra parte, la Agencia Tributaria consiguió recaudar 15.088 millones de euros por su labor contra el fraude fiscal. La cifra es ligeramente superior a lo obtenido por la batalla contra el fraude fiscal en años anteriores. En 2017 se recaudaron 14.792 millones y en 2016, 14.883.

La ministra de Hacienda, María José Montero, ha fijado la lucha contra el fraude como uno de sus puntos fuertes para aumentar la recaudación y reducir el déficit público. En los Presupuestos que presentó el Gobierno a principios de año, que fueron rechazados en el Congreso, Montero fijó en 500 millones de euros la cantidad que esperaba aumentar en la lucha contra el fraude.