Red Eléctrica: apagón y oscurantismo

Resulta realmente paradójico que la sociedad encargada de garantizar el suministro eléctrico en España en régimen de monopolio, se empeñe en sostener que lo sucedido en el reciente cero energético no tiene nada que ver con ella. Los accionistas minoritarios hemos ido a la junta con nuestras asociaciones a reclamar transparencia y dación de cuentas, y nos hemos encontrado con oscuridad y elusión de responsabilidad. Una actitud impropia de una compañía cuyo free float es de un 80%.

La reciente junta de accionistas de REDEIA no sólo deja más preguntas que respuestas, sino que representa una oportunidad perdida por parte de la compañía para restablecer la confianza en el sistema eléctrico y en los mercados

Durante la junta, lejos de ofrecer transparencia o asumir el mínimo grado de responsabilidad, la presidenta de REDEIA adoptó una postura abiertamente defensiva. No se explicaron los márgenes de riesgo ni se contextualizó adecuadamente el impacto del fallo para los inversores, lo cual solo ha alimentado la incertidumbre. Además, se cuestionó abiertamente la legitimidad de las asociaciones internacionales de accionistas minoritarios que intervinieron en el acto.

Este comportamiento pone en evidencia un preocupante desconocimiento por parte de la presidenta sobre el papel del activismo accionarial. Al igual que los sindicatos o las organizaciones ecologistas, las asociaciones de accionistas minoritarios actúan como canales intermedios para amplificar la voz de quienes, individualmente, carecen de capacidad para ser escuchados en los órganos de gobierno. Así ha operado siempre la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), y así operan las asociaciones internacionales, quienes no adquieren jamás directamente acciones para participar activamente en defensa de los intereses de los minoritarios, sino que actúan siempre por delegación de miembros o simpatizantes de las organizaciones.

En esta ocasión, estas asociaciones han puesto sobre la mesa un debate que no solo preocupa en España, sino también fuera de nuestras fronteras: la fiabilidad del sistema energético y el nivel de responsabilidad que asumen quienes lo gestionan. Es inusual y preocupante ver a la máxima responsable de una empresa estratégica descalificando informes externos o tratando de arrogarse la autoridad para decidir cuáles son válidos y cuáles no.

Lo que en un principio se presentó como una crisis técnica ha desvelado con crudeza algo mucho más profundo: una grave crisis de gobernanza en el operador del sistema eléctrico español. La falta de transparencia, la evasión de responsabilidades y la incoherencia comunicativa han encendido todas las alarmas, no solo entre los inversores nacionales, sino también en el contexto europeo e internacional.

Concretamente la reciente Asamblea General de Better Finance, celebrada en Madrid, puso sobre la mesa esta preocupación colectiva. Representantes del accionariado minoritario europeo coincidieron en señalar que el caso REDEIA trasciende las fronteras españolas. Se trata de un problema estructural: la fragilidad de los mecanismos de supervisión en sectores estratégicos, que no solo afecta al mercado nacional, sino que puede tener implicaciones sistémicas en toda la Unión Europea.

En el informe presentado por REDEIA se busca desviar el foco culpando a terceros operadores

Desde 2020, técnicos y auditores venían advirtiendo de riesgos significativos en la red eléctrica española, ante los cuales el Consejo de Administración de REDEIA no solo no actuó, sino que adoptó una postura negacionista. A pesar de las señales claras y repetidas sobre la necesidad de adaptar la red al nuevo contexto energético, se comunicó de manera categórica que un apagón era «imposible». Esta actitud, que contradice los principios básicos del buen gobierno corporativo establecidos por la OCDE, en particular los relativos a la gestión del riesgo operacional, ha minado la confianza del mercado.

El informe presentado por REDEIA y la defensa a ultranza del mismo en la reciente Junta General no aporta claridad ni asume responsabilidades. En su lugar, se busca desviar el foco culpando a terceros operadores por presuntos incumplimientos (en contra de lo que acaba de interpretar el regulador norteamericano), sin reconocer el papel fundamental que REDEIA debe desempeñar en la supervisión, planificación y prevención de estos eventos.

El número final en la junta, sometiendo a votación el cese de la presidenta, sin que lo pidiera accionista alguno, resulta inaudito. Cuando la semana pasada comunicamos que solicitaríamos su dimisión ya aclaramos que no solicitaríamos la inclusión del cese en el orden del día. Lo aclaramos asimismo cuando, en una actuación inédita en una Junta General de una empresa cotizada, tras la primera de las intervenciones desde la oficina de atención al accionista se nos preguntó por teléfono y por correo electrónico después si estábamos pidiendo el cese (más bien parecían rogarlo para poder ejecutar su preconcebido plan). Tampoco la intervención del accionista que exigió su dimisión («no le pido su dimisión, se la exijo») sirve para que el consejo organice el bochornoso baño de masas realizado, aplicando el poco adecuado mecanismo de la deducción positiva que permite la normativa.

¿Cómo es posible que a pesar de que los propios técnicos y auditores advirtieran de esos riesgos, la señora Corredor haya defendido reiterada y categóricamente que no se podía producir un apagón?

No se trata únicamente de una crisis reputacional o de un fallo esporádico en el sistema eléctrico. Lo que ha quedado en evidencia es una cadena de decisiones (o la ausencia de ellas) que compromete la confianza del mercado, pone en entredicho la integridad de los órganos de administración y cuestiona la capacidad del sistema para prevenir riesgos ya advertidos. El hecho de que un actor relevante como BlackRock abandonara el capital de la compañía tras el suceso es un indicador claro de la evidente responsabilidad del operador.

La gobernanza de REDEIA está bajo la lupa europea y lamentablemente las intervenciones durante la Junta General han quedado sin respuesta, reiterando una falta de transparencia que pone en riesgo el equilibrio institucional del que depende el sistema. ¿Cómo es posible que a pesar de que los propios técnicos y auditores advirtieran de esos riesgos, la señora Corredor haya defendido reiterada y categóricamente que no se podía producir un apagón?, ¿Cómo es posible que advertidos esos riesgos por los técnicos y auditores de la empresa y reconocida la responsabilidad de REDEIA por parte del Gobierno, principal accionista a través de la SEPI, publiquen un informe en el que se elude toda responsabilidad? En su intervención la presidenta habló de incumplimientos de varios operadores, pero se abstuvo de indicar que su deber es planificar los riesgos al objeto de que puedan ser absorbidos por la red a través de las medidas de salvaguarda pertinentes.

Es urgente que se corrija el discurso, se depuren responsabilidades, se aclare lo ocurrido y se reforme el modelo de supervisión del que depende REDEIA.

Mientras tanto, el foco europeo seguirá firmemente puesto sobre esta compañía, no como una cuestión anecdótica, sino como una advertencia sistémica: la buena gobernanza no es opcional. Es la base sobre la que se construye la confianza en los mercados y en el propio sistema financiero.

REDEIA ha actuado con una ligereza institucional que ha puesto en riesgo no solo a sus propios accionistas, sino que con sus evasivas e imputación de culpas a terceros, pone en riesgo al conjunto de los accionistas del sector energético nacional. La pregunta que queda flotando, legítimamente, es si es confiable, estable y seguro el sector energético en España. Tras la junta del lunes, y la aprobación por el Gobierno de un conjunto de medidas antiapagón, es evidente que no lo era, y las dudas no solo persisten, sino que crecen.

*Mark Northway, presidente de la World Federation of Investors.
*Florian Beckermann, vicepresidente de Better Finance.
*Kristjan Verbic, miembro de ESMA.
*Antonio Selas, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, abogado de AEMEC.