Rato se enfrentará de nuevo al testigo clave del caso de las ‘tarjetas black’
El ex ministro de Economía y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, tendrá que verse las caras de nuevo con un testigo clave en el caso de las tarjetas 'black' de la entidad, donde Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión.
Se trata del director de Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Azaola, testigo clave para que Rodrigo Rato ingresara en prisión por las tarjetas «black» de Caja Madrid, que volverá a verse con el exministro en un juzgado por el supuesto cobro de 835.000 euros en comisiones por la publicidad de la entidad.
Azaola figura entre los testigos citados por la Fiscalía Anticorrupción en el juicio, aún sin fecha, contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otras doce personas por presunto delito de corrupción entre particulares en los contratos publicitarios con Bankia y las empresas Publicis y Zenith.
Por esta causa, Rato se enfrenta a cuatro años de prisión y a una multa de 2,5 millones de euros.
Iñaki Azaola es un viejo conocido, ya que su testimonio de siete horas durante la vista por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, las «black», fue clave en la condena dictada contra Rato, cuatro años y medio de cárcel, que cumple desde el pasado 25 de octubre en la prisión madrileña de Soto del Real.
Justo dos años antes de esa fecha, en octubre de 2016, Azaola declaró a petición de Anticorrupción, de las acusaciones particulares -BFA, Bankia y el FROB-, y de las populares -Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y CGT-, y se enfrentó durante cerca de siete horas al implacable interrogatorio de las defensas de los 65 acusados.
El empeño de los abogados defensores en desmontar la credibilidad de las tablas de excel proporcionadas por Bankia con los gastos efectuados por los ejecutivos de las dos entidades -Caja Madrid y Bankia-, que prácticamente ninguno de los acusados reconoció como suyos, convirtió su comparecencia en un pulso desigual entre el testigo y los 65 letrados.
Según transcurría el interrogatorio, Azaola repetía una y otra vez «lo acabo de explicar», «ya he contestado», «me obligan a repetirme», mientras la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, instaba a los defensores a no reiterar las preguntas, con poco éxito.
En aquella ocasión la jueza intervino en varias ocasiones en defensa del compareciente, recordando a los letrados que estaban interrogando a un testigo y no a un acusado o a un perito, pero la estrategia era de desgaste, para intentar que el auditor dudara, se contradijera, o al menos admitiera la posibilidad de algún error.
Testigos
Ahora, el nombre de Azaola destaca entre los 22 testigos a los que quiere convocar la fiscal Elena Lorente en el juicio por las irregularidades en la contratación de la publicidad del lanzamiento y posterior salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011.
En concreto, el ministerio público señala en su escrito de acusación que desea interrogar a Azaola en relación con la denominada pieza «Lazard-Telefónica», en la que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid investiga la contratación del exministro como asesor de la operadora.
La parte que afectaba al banco de inversión Lazard fue sobreseída parcialmente después de que la Audiencia Provincial de Madrid detectara «dudas razonables» sobre la veracidad de la acusación.
Pero en la que continúa abierta, permanece como investigado el secretario general de Teléfonica, Ramiro Sánchez de Lerín, ya que la Audiencia Provincial entiende que «pudo actuar a sabiendas de que el contrato era en realidad una simulación que tenía por objeto eludir la carga fiscal de Rodrigo Rato».
Además de Azaola, en el juicio por la contratación de publicidad para Bankia figuran como testigos algunos que ya han declarado por la salida a Bolsa de la entidad, como el que fuera secretario del consejo de administración Miguel Crespo o el exdirector de Medios Pedro Enrique Vázquez.
No es este el único frente judicial de Rato, que al juicio en curso por la salida a Bolsa de Bankia, previsto al menos hasta septiembre, suma varias piezas en diferentes estados de tramitación que investigan posibles delitos fiscales en varios ejercicios y blanqueo en el origen de su fortuna.
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