La prórroga de Bruselas permite cubrir el pago del céntimo sanitario y el rescate de las autopistas

La decisión de la Comisión Europea (CE) de permitir a España cerrar este año con un déficit público del 4,6% del PIB permite al Gobierno afrontar el coste de la indemnización a los transportistas por el cobro indebido del «céntimo sanitario» y el rescate de las autopistas, partidas que no estaban en los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) y cuyo pago habría generado un agujero en las cuentas públicas superior al permitido por Bruselas.

Estos dos elementos suponían, hasta el balón de oxígeno otorgado por las autoridades comunitarias a España, unos “riesgos potenciales” para cumplir el objetivo de déficit público del 3,6% del PIB al cierre del año, según la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF). El último informe de este organismo, encargado de vigilar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, indicaba que el céntimo sanitario y el rescate de las autopistas “son unos riesgos que en caso de materializarse pueden afectar negativamente al cumplimiento de los objetivos fiscales”.

La AIRef considera que el objetivo del 3,6% del PIB es imposible de cumplir y cifra el déficit público estimado en el 4,1% al cierre de 2016. Como Bruselas ahora fija el tope en el 4,6% esto supone que el Gobierno dispone de cinco décimas extra (unos 5.500 millones de euros) para hacer frente a los pagos. De este total 1.000 millones de euros podrían servir para cubrir el coste del “céntimo sanitario” y 4.500 millones de euros para el rescate de las autopistas.

A principios de año, el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado debe atender su responsabilidad patrimonial por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (lo que se conoce comúnmente como el céntimo sanitario). Es un impuesto que aplicaron las comunidades autónomas hasta 2012 y cuyos ingresos fueron destinados a pagar la sanidad. El Tribunal de Justicia de la UE anuló en 2014 el tributo y el Supremo obliga ahora al Ministerio de Hacienda a abonar 1.000 millones de euros a los transportistas, según los cálculos del departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro.

En cuanto al rescate de las autopistas, es una de los principales retos del nuevo Gobierno, ya que existen ocho concesiones de peaje de segunda generación que están quebradas. El Ministerio de Fomento ha presentado a los acreedores y a las empresas un plan de rescate diseñado junto con el Ministerio de Hacienda, que contempla una quita del 50% de 4.000 millones de deuda financiera y la titulización del resto en un bono a 30 años con un interés del 1%. El problema es que los contratos de las concesiones incluyen una responsabilidad patrimonial administrativa por el cual el Estado se compromete a indemnizar a las empresas si la autopista se liquida, lo que le obligaría a desembolsar unos 4.500 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Fomento.

El Gobierno puede, por lo tanto, destinar el margen extra dado por Bruselas a estas dos cuestiones o, en cambio, puede utilizar esas cinco décimas adicionales en cubrir el agujero adicional de la Seguridad Social. El Gobierno estima que la brecha entre gastos e ingresos del sistema de protección será del 1,1% del PIB al cierre del año, aunque los analistas consultados por OKDIARIO sitúan la cifra en el 1,6% del PIB. El Ejecutivo pretende cubrir estas cinco décimas extra con el superávit de los ayuntamientos, pero la ejecución presupuestaria indica que puede no ser suficiente.