PP y PSOE quieren que las autopistas que terminen su concesión sean gratuitas

Las autopistas de peaje pueden ir progresivamente desapareciendo en España si los dos principales partidos políticos no varían su postura tras las elecciones. PP y PSOE pretenden ir retirando los peajes de las carreteras de pago según vayan venciendo las concesiones, abriéndolas al público sin coste alguno. El problema fundamental de esta medida es que generará una presión sobre las cuentas públicas españolas, ya que todo el coste de mantenimiento lo deberá afrontar el estado. Los impuestos sustituirán a los peajes.

Fuentes de las empresas concesionarias españolas explican a Okdiario que las conversaciones que mantienen con los responsables de Infraestructuras populares y socialistas van por esta línea de no renovación de las concesiones. “El próximo Gobierno tendrá por primera vez que tomar una decisión al respecto, ya que se producen los primeros vencimientos” de autopistas de peaje.

“La ministra de Fomento, Ana Pastor, no es partidaria de renovar las concesiones y la postura del PSOE en sus intervenciones en el Congreso también apuntan en este sentido”, señalan.

La primera autopista de peaje afectada es la Ap-1, que tiene su origen en Burgos y que termina en Guipúzcoa. En noviembre de 2018 se termina la concesión tras cuatro prórrogas y 44 años de propiedad privada. La última ampliación fue aprobada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. La dueña de la concesionaria es la empresa Itinere.

La otra carretera de pago que se verá afectada es la Ap-7, cuyo tramo sur (el que va de Tarragona a Alicante) vence en 2019. En este caso, tanto Fomento como la Generalitat no quieren renovar la concesión. La autopista es uno de los principales activos de Abertis. El Gobierno no deberá pagar nada por liberar este tramo a la compañía concesionaria.

La postura de los representantes políticos contrasta con la de los técnicos de Fomento, ya que los estudios elaborados para afrontar este nuevo escenario plantean posibilidades de cobro a los usuarios aunque las autopistas pasen a estar gestionadas por el Estado. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteó esta posibilidad en 2012 cuando era secretario de Estado de Infraestructuras.

«No existe un diseño integral»

Las fuentes empresariales consultadas lamentan que “no exista un diseño integral de la red de autopistas de peaje en España que permita aplicar políticas de largo plazo que garanticen la sostenibilidad de las infraestructuras”. En este sentido, recuerdan que no renovar las concesiones “va en contra de lo que se está haciendo en el resto del mundo”, en referencia a la necesidad de potenciar la colaboración público-privada para ahorrar costes a las arcas públicas en un entorno de elevado endeudamiento de los estados.

Todo esto se produce en un momento muy delicado para el sector. Varias de las autopistas están en situación de quiebra y, justo dos meses antes de las elecciones, la concesionaria de OHL que gestiona la autopista M-12 (que facilita el acceso al aeropuerto de Barajas) ha entrado en vía de liquidación por decisión judicial.

En los últimos tres años hasta ocho concesionarias de autopistas de pago se han declarado en concurso de acreedores y el Estado afronta un proceso de nacionalización, como en el caso de las autovías de Madrid. El agujero ronda los 4.000 millones de euros y el Gobierno ha pactado con los acreedores (los bancos) una quita del 50%.