Podemos se impone al PSOE y España pondrá un tope al precio del gas de 30 € el megavatio hora

España y Portugal han acordado topar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora para, así, limitar el precio de la factura de la luz. Podemos ha logrado imponer sus tesis a sus socios del Partido Socialista en la negociación abierta con el gobierno luso. Los morados, según informó el martes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, apostaban por esta cifra mientras que los socialistas querían situar ese tope en los 50 euros, declaraciones que molestaron a la vicepresidenta Nadia Calviño. De hecho poco después de conocer la noticia la ministra de Igualdad, Irene Montero, se felicitaba por haber sucumbido al PSOE.

Los ciclos combinados se calculan multiplicando por dos el precio del gas más el 36% de un derecho de emisión de CO2 (unos 30 euros a los precios actuales), más 20 euros de costes. En total, salen los 110 euros citados. Hay que tener en cuenta que el consumidor no paga ese precio, sino que tiene que añadir los cargos y peajes (la parte fija del recibo) y los impuestos.

Anoche, según ha podido confirmar OKDIARIO, los dos países entregaron al organismo que preside Úrsula Von der Leyen un documento como punto de partida de las conversaciones con la Comisión Europea sobre el mecanismo extraordinario destinado a “evitar el ‘efecto contagio’ de la subida del precio del gas en el mercado eléctrico”. Tal como avanzó este jueves este periódico las conversaciones son a tres bandas: Madrid, Lisboa y Bruselas.

El pacto que han alcanzado los gobiernos español y portugués deberá ser convalidado por la Comisión Europea. El gobierno comunitario, tras el mandato del Consejo Europeo, es el que tendrá que dar luz verde o no a esta medida intervencionista sobre el mercado de la energía que genera preocupación en otros estados miembros como Francia.

El compromiso de las instituciones europeas es que se analice la información remitida por España y Portugal «con la máxima urgencia». Aunque esto supone unos tiempos mínimos de entre tres y cuatro semanas. Es decir que, hasta finales de abril, las medidas que proponen los gobiernos español y luso no podrán ser aplicadas para que los ciudadanos se beneficien.

Una de las características de la «excepción ibérica» que lograron ambos estados en el último Consejo Europeo, además, incluye que deben ser medidas de carácter temporal. Por su carácter intervencionista en el mercado de la electricidad, que podría tener afectación en el mercado eléctrico europeo, la intención es que estas limitaciones de precio no puedan exceder más allá del verano.