Permitir a los ayuntamientos utilizar el superávit obligaría a subir impuestos en 7.000 millones de €

En los últimos meses numerosos ayuntamientos –entre los que destaca el de Madrid– han pedido al Ministerio de Hacienda que les permita utilizar su superávit fiscal para aprobar nuevas partidas de gasto. El titular del departamento, Cristóbal Montoro, se niega en redondo amparándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que si cediera a las pretensiones de los consistorios debería incrementar las recaudación tributaria en unos 7.000 millones de euros anuales.

La explicación es sencilla: el Gobierno cuenta con el superávit presupuestario de los ayuntamientos para cumplir sus objetivos de déficit tanto este año como el próximo. El pasado ejercicio este superávit alcanzó el 0,64% del Producto Interior Bruto (PIB), los citados 7.000 millones de euros; lo que supuso un balón de oxígeno para el resto de Administraciones Públicas y la Seguridad Social, que cerraron 2016 en números rojos.

El superávit presupuestario de las Haciendas Locales es el elemento que ha permitido cubrir una parte del desfase que todos los años registra la Seguridad Social. Al principio del ejercicio el Gobierno incluye en sus previsiones que los consistorios tendrán equilibrio presupuestario (gastarán lo mismo que ingresan), pero al final del año las cuentas municipales en su conjunto arrojan superávit, permitiendo cumplir los objetivos de déficit para el conjunto del Estado.

Es lo que sucedió el pasado año y lo que va a suceder este. Según las previsiones que maneja el Ministerio de Hacienda al cierre de diciembre las cuentas municipales tendrán un superávit incluso superior al de 2016. Por el contrario, la Seguridad Social registrará un agujero presupuestario mayor que el previsto (por encima del 1,6% del PIB) a pesar de la buena marcha de la recaudación por cotizaciones sociales.

En cuanto a las comunidades autónomas, Montoro anunció la pasada semana en el Congreso de los Diputados que concluirán 2017 cumpliendo el objetivo de déficit (del 0,6% del PIB) o incluso rebajándolo.

Con todo ello, el déficit público del conjunto de las Administraciones y la Seguridad Social se situará este año en el 3% del PIB, una décima por debajo del objetivo comprometido con  las autoridades europeas. El próximo año el Ejecutivo quiere rebajarlo hasta el 2,2% del PIB, una tasa que el secretario de Estado de Hacienda, Alberto Nadal, considera factible alcanzar aunque no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2018, tal como ha avanzado en exclusiva OKDIARIO.