Nueva investigación al Gobierno por el rescate a la chavista Plus Ultra tras admitir el juez la querella de Vox

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha admitido a trámite formalmente la denuncia y querellas de Vox que dieron origen el pasado día 21 a la incoación de diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de esta entidad por irregularidades en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.

Según ha informado en una nota una de las acusaciones populares, ejercida por Vox, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias.

El juzgado también solicita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea información sobre las aeronaves de la aerolínea desde 2011 hasta la actualidad, así como las operaciones realizadas entre 2018 y 2021.

Igualmente, libra oficio a la entidad Plus Ultra, la Entidad SNIP Aviation, S.L y Sky Solution, S.L. para que presenten las actas de titularidad real de las acciones y participaciones respectivas; así como a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social para que remitan las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347 y certificado de deudas de la entidad Plus Ultra y SNIP Aviation.

Vox ha presentó una ampliación de querella en la causa contra Plus Ultra, en la que se investiga a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por conceder un rescate de 53 millones a la aerolínea ‘venezolana’ sin cumplir los requisitos establecidos. La formación de Santiago Abascal solicita que también se impute a la compañía chavista como persona jurídica, según informó OKDIARIO.

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se solicita que se investigue a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. en esta causa judicial y a los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Este organismo está compuesto únicamente por el presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), en ese momento el vicepresidente Bartolomé Lora en funciones, y cuatro vocales: la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva (que dimitió la semana pasada); la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; la subsecretaria de Hacienda, María Pilar Paneque, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco.

La juez abrió diligencias contra todo el consejo de SEPI, un total de 15 miembros. Sin embargo, los de Abascal incluyen en su querella exclusivamente al Consejo Gestor del citado fondo porque es el organismo que toma la decisión de conceder las ayudas y, por tanto, el responsable de que Plus Ultra recibiera 53 millones de euros (34 millones de un préstamo participativo y 19 millones de un crédito ordinario).

Vox se ha querellado contra los citados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda pública por fraude de subvenciones y por tráfico de influencias.