Otra mirada sobre el cupo vasco

El Congreso aprobó la modificación de la ley del Concierto Económico (regula la relación financiera entre el Estado central y la comunidad vasca) y la revisión del Cupo (lo que paga el País Vasco al Estado central por los servicios que éste presta en dicha autonomía). Según estos acuerdos, hasta 2021 la comunidad autónoma vasca deberá pagar 1.300 millones de euros anuales.

Parece prevalecer una opinión negativa respecto de las normas recién aprobadas. Las razones van desde que el gobierno nacional hizo un “regalo” al nacionalismo vasco hasta que son normas que profundizan las diferencias interterritoriales. Sin negar algunos aspectos negativos, pienso que es un acuerdo razonable que en este momento tiene más ventajas que inconvenientes para el conjunto de España.

El Concierto y el Cupo están recogidos en la Disposición Adicional primera de la Constitución. Por lo tanto, son acuerdos que el gobierno nacional no puede eludir indefinidamente. No está claro que el Concierto sea un “chollo” para los ciudadanos vascos: allí la presión tributaria es mayor que en resto de España. Por ejemplo, el tipo máximo del IRPF llega al 49%, mientras que en Madrid es de 43,5%. El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es 28% en el País Vasco y de 25% en las autonomías de régimen común. Además, el pago del Cupo es fijo y debe hacerse cualquiera sea la evolución económica del País Vasco, lo que supone un riesgo.

Hay argumentos para pensar que la autonomía vasca aporta a la solidaridad interterritorial menos de lo que debería. Pero también hay argumentos en sentido inverso: el País Vasco paga el 6,24% del presupuesto estatal de las competencias correspondientes, proporción similar al peso del PIB vasco en la economía española, pero mayor al peso de su población en el total nacional (4,7%).

La economía vasca está perdiendo fuerza. En 2016 creció menos que la media de España. En dos de los últimos tres trimestres tuvo una caída interanual en el número de ocupados, en contraste con la fuerte creación de puestos de trabajo en el conjunto de España. Una economía vasca vigorosa va en el interés general de todos los españoles, por lo que es probable que el gobierno nacional haya preferido un acuerdo relativamente “blando”.

Más allá de los aspectos técnicos, no puede dejarse de lado el contexto en el que se realizan estos acuerdos. Un contexto marcado por el fracasado golpe de estado del separatismo catalán. El acuerdo alcanzado en torno al Concierto y el Cupo permite visualizar un marcado contraste entre un nacionalismo “moderado” (el vasco) y un nacionalismo radical (el catalán): los primeros logran acuerdos que benefician a su autonomía, mientras que los segundos están presos o prófugos.

Imaginemos un escenario extremo: que la rebelión en Cataluña hubiera alentado al independentismo vasco a seguir un camino similar. Estos acuerdos son probablemente también una forma de curarse en salud y eliminar la probabilidad de un escenario de ese tipo, por pequeña que haya sido.

El gobierno nacional se garantiza con estos acuerdos la aprobación de los presupuestos para 2018. A su vez, eso es un gran paso en el objetivo de agotar la legislatura. Con la crisis política catalana aún no resuelta (las elecciones del 21 de diciembre determinarán cómo sigue esa película), lo peor que podría pasar es que el gobierno nacional no pudiera aprobar los presupuestos y tuviera que adelantar las elecciones generales.

Así, el acuerdo entre los ejecutivos de Rajoy y Urkullu es una gran aportación a la estabilidad política y económica de España. Supongamos que un cálculo más ajustado del Cupo diera como resultado que el País Vasco tendría que pagar 500 o 700 millones de euros anuales más. ¿No valdría la pena pagarlos para garantizar la estabilidad? La primera prioridad debe ser mantener la confianza para que la economía siga creciendo. Cualquier traspié de la economía nacional tendría un coste mucho mayor.

A largo plazo, la única vía para acabar con la recurrente polémica que genera este tema es calcular el Cupo de otra forma: incluir al País Vasco en los cálculos del nuevo sistema de financiación autonómica (como si fuera una comunidad del régimen común) y fijar el Cupo en función de esos resultados.