Moody’s anticipa una escalada de la prima de riesgo de España por la quita de deuda de Sánchez
La quita diseñada para aliviar las tensiones con los socios de Gobierno de Sánchez es una bomba de relojería
La agencia de calificación Moody’s ha encendido todas las alarmas crediticias de España al advertir de que la decisión del Gobierno de Sánchez de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas podría hundir la solvencia del país. Este jueves, la firma norteamericana ha lanzado un aviso claro: la quita, diseñada para aliviar las tensiones con los socios de Gobierno de Sánchez, es una bomba de relojería para el rating soberano de España, actualmente en «Baa1» con perspectiva positiva. Lejos de ser un simple gesto de generosidad, esta medida pactada entre el PSOE y ERC como parte de los acuerdos de investidura de 2023 podría costarle al país un downgrade (una bajada de calificación) que llevaba años esquivando.
El anuncio de Moody’s se produce en un momento controvertido en España. La agencia, que ya otorga a nuestro país la calificación más baja entre las grandes firmas de rating, argumenta que la condonación masiva de deuda -equivalente a un 6% del PIB nacional- introduce un «riesgo moral» que podría dinamitar la disciplina fiscal.
Las comunidades autónomas, liberadas de una carga que suma 83.252 millones, según el Ministerio de Hacienda, corren el error de interpretar la quita como una carta blanca para gastar sin control, lo que sin duda hará que las finanzas públicas del Estado se resientan. «La quita no afecta a los ratios de deuda soberana en el corto plazo, porque la deuda regional ya está consolidada en las cuentas nacionales, pero si desincentiva políticas fiscales prudentes, el impacto será negativo para la solidez del gobierno», sentencia Moody’s en su informe.
El trasfondo de esta medida es tan político como económico. La condonación nació como una exigencia de Esquerra Republicana (ERC) para respaldar la investidura de Pedro Sánchez, con Cataluña llevándose la mayor tajada: más de 17.000 millones. Sin embargo, el Ejecutivo decidió extenderla a todas las regiones del régimen común, desde la Comunidad Valenciana hasta Andalucía, bajo el argumento de «sanear las cuentas públicas regionales» y «reforzar el estado de bienestar».
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, la ha defendido como una respuesta al «sobreendeudamiento» provocado por la crisis financiera de hace 15 años. Pero Moody’s no compra su relato: el alivio fiscal que supondrá un ahorro de entre 5.000 y 7.000 millones en intereses para las autonomías podría ser un espejismo si no va acompañado de reformas estructurales.
El mercado ya empieza a sentir el temblor. Una rebaja en el rating de España encarecería la financiación del país en un momento delicado, con la deuda pública aún por encima del 105% del PIB según los últimos datos del Banco de España. No sólo el Estado pagaría la factura: las empresas españolas, especialmente las que dependen de financiación externa, también sufrirían las consecuencias de un crédito más caro.
El aviso de Moody’s pone al Gobierno de España entre la espada y la pared. La agencia reconoce que, a corto plazo, regiones como Cataluña o Comunidad Valenciana podrían mejorar su posición financiera, pero alerta: sin un sistema de financiación autonómica que alinee recursos y responsabilidades, el efecto será pasajero.
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