Montoro replica a Mas: «Nadie financiará su bono basura»
El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha salido al paso de la amenaza lanzada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha advertido que no pagará la deuda que le ata al Gobierno español. El departamento ministerial ha emitido un comunicado en el que deja claro al líder independentista que los mercados no le van a prestar dinero porque son “basura”, al estar en quiebra y mantenerse sólo gracias al rescate financiero del Estado.
“Cataluña tiene una calificación crediticia de bono basura. Si anuncia que no va a pagar la deuda, ¿quién la va a financiar?, ¿a qué precio?” indica el texto, tras recordar que, a través de los distintos planes de rescate estatales Cataluña ha sido capaz de evitar la suspensión de pagos.
Sin esta asistencia “la Generalitat no habría podido atender a los vencimientos de deuda que tiene contraídos de ejercicios anteriores; ni habría podido financiar su déficit público; ni habría podido sostener la financiación de los servicios públicos en Cataluña; ni se habría podido garantizar el pago de las facturas a muchas pequeñas y medianas empresas, proveedoras de la Administración catalana”.
Montoro recuerda a Mas que el Gobierno sostiene a Cataluña desde 2012. Se le ha facilitado una liquidez cercana a los 50.000 millones de euros y, en la actualidad, la comunidad autónoma debe casi 37.500 millones de euros al Estado, lo que supone la mitad (el 56%) de los compromisos de pago de la Generalitat.
Respecto a la amenaza de impago, Hacienda recuerda a Mas que este tipo de declaraciones a quién más perjudica es precisamente a Cataluña, ya que se le cerrarían aún más las posibilidades de financiarse en el mercado, especialmente al salir de la eurozona si se certifica la secesión. “Nadie que funda un Estado puede iniciar su proceso soberanista repudiando la deuda”, indica el texto.
Finalmente, Montoro apunta a la imposibilidad de pagar la educación, la sanidad y las pensiones si se pierde el aval del Estado a la deuda catalana. Además, el tejido productivo catalán se vería muy afectado, ya que las pequeñas y medianas empresas que dependen de la Administración regional también tendrían problemas para poder hacer frente a sus compromisos de pago.
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