El mercado no se cree a la izquierda británica: «Nacionalizar las redes eléctricas espantaría 6.500 millones»

Fuentes del sector apuntan a que, por el momento, es «ruido populista». «Las elecciones están previstas para 2022 pero, de llevarse a cabo este disparate, la inversión en el Reino Unido saldría corriendo y su reputación internacional acabaría», explican las mismas fuentes, que apuntan a una salida de 6.500 millones de euros del país británico si se llevara a cabo esa amenaza.

Desde Iberdrola, la empresa española más afectada, no hacen comentarios al respecto. Sin embargo, lo cierto es que, de entrar en vigor estas medidas, tendrían un fuerte impacto en la compañía española, pues, de los 942 millones de libras (unos 1.000 millones de euros) de beneficio operativo que obtuvo Scottish Power -filial de Iberdrola- en 2018, más de la mitad procedieron de la actividad de redes de transporte y distribución.

En Royal Bank of Canada mantienen la opinión de que la nacionalización «no es una amenaza creíble», ya que «no creemos que exista un mayor apoyo político para la nacionalización de los servicios públicos regulados, mientras que pagar por debajo del valor de mercado también puede dañar la confianza de los inversores hacia el Reino Unido». Por otro lado, desde Deutsche Bank, creen que es probable que haya suficientes salvaguardas parlamentarias y legales para hacer la nacionalización.

Desde Bank of America Merrill Lynch, advierten de que los laboralistas no tendrán un camino fácil, en parte debido a obstáculos como los contratos bilaterales, y subrayan «las dificultades a las que se enfrenta un gobierno cuando trata de castigar a los accionistas mientras intenta aumentar la deuda pública». En Bernstein tampoco creen que las propuestas causarán interrupciones y desacelerarán la descarbonización en lugar de la aceleración que se requiere.

Amenaza

El líder del principal partido de la oposición, Jeremy Corbyn, dijo que, si llega al poder, implantará un sistema energético estatal que beneficie, al abaratar el precio, «a la clase trabajadora» y «potencie las energías renovables».

La portavoz de Energía, Rebecca Long-Bailey, criticó que, desde la ola de privatizaciones iniciada por Margaret Thatcher en los años 90, «las compañías de redes energéticas han podido alcanzar grandes márgenes de beneficios», cobrando de más a los consumidores y «sin invertir de forma adecuada en la infraestructura necesaria para acomodar la transición a la energía renovable».

Según el plan, presentado en Salford (norte de Inglaterra), se crearían una Agencia Nacional de Energía para manejar la red de alta tensión repartida ahora entre National Grid, SSE y Scottish Power -filial de Iberdrola-; y varias agencias regionales y municipales para gestionar las líneas de distribución a hogares y empresas.

Las suministradoras locales competirían con las seis grandes empresas privadas que hoy monopolizan el sector, British Gas, la francesa EDF, la alemana E.on, npower, Scottish Power y SSE.

En otro aspecto controvertido del proyecto, la formación planea adquirir las redes actualmente privatizadas entregando a sus dueños como compensación bonos del Tesoro, a una valoración inferior a la del mercado.

La valoración sería «decidida por el Parlamento», teniendo en cuenta posibles deducciones en función de los déficits de pensiones, el saqueo de activos desde la privatización, los activos obsoletos, el estado de mantenimiento de los activos vigentes o los subsidios estatales entregados a las compañías.