Las medidas que propone Podemos para la Ley de Vivienda evocan la renta antigua del régimen franquista

Las medidas controladoras e intervencionistas que lleva meses proponiendo Unidas Podemos para la Ley de Vivienda y que, finalmente, ha aceptado el PSOE no son novedosas y ya se ha probado su ineficacia. De hecho, recuerda a lo que tradicionalmente se ha conocido como renta antigua, que apareció en la primera Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y que estuvo vigente hasta 1985.  Así, las medidas que se han conocido hasta el momento y que se prevé que incluirá la ley de vivienda, son muy similares a la citada normativa franquista.

En concreto, la renta antigua, cuya extinción se produjo con el decreto Boyer, impedía actualizar las rentas y obligaba a prorrogar de forma indefinida los contratos de alquiler. En este sentido, el sector inmobiliario coincide en que la renta antigua tuvo consecuencias nefastas para los inquilinos y los propietarios. Además, provocó la caída de la oferta de viviendas en alquiler en el país.

La nueva Ley de Vivienda, pactada entre PSOE y Unidas Podemos, contempla la regulación de precios de los grandes propietarios -los que tengan diez viviendas o más-. En concreto, prevé obligar a bajar los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas denominadas tensionadas. Para ello, las comunidades autónomas deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquéllas en las que se aplicará la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia. Aunque, tras la aprobación de la ley, el Gobierno tendrá 18 meses para elaborar con las comunidades autónomas un índice de precios de referencia para aplicar luego esas bajadas.

Consecuencias de la ley

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la futura Ley de Vivienda no ha sido bien recibido por los diferentes players del sector del alquiler. En general, los expertos coinciden en que la limitación de los precios de alquiler provocará el efecto contrario al que prevé.

Desde el sector defienden que controlar los precios va a tener consecuencias que ya se experimentaron en épocas pasadas y también recientes, como es el caso de Berlín o Cataluña. Se augura un encarecimiento de la vivienda, el impulso de la economía sumergida, la discriminación del inquilino con menos capacidad económica, inseguridad jurídica y espantada de los inversores de nuestro país.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) se muestra preocupada por la situación. Y considera que «las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes».

Para la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), la nueva normativa «es contraproducente porque va a provocar que se retiren viviendas del mercado en alquiler, por lo que va en contra de todos aquellos a los que dice beneficiar ahora, que tendrán problemas en acceder a vivienda también a medio plazo».

Además, Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, asegura que la aprobación de esta ley creará inseguridad jurídica para los propietarios y los inversores. Así, estos últimos decidirán marcharse a otros países.

Según datos de Aepsi, en Cataluña, un año después de la entrada en vigor de la ley que limita la subida del precio del alquiler de vivienda en varios municipios, la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento se ha desplomado más de 40%.