Lo que entierra el 28-A: derogación de la reforma laboral, impuesto al diésel, tasa Tobin, tasa Google…

Las elecciones serán definitivamente el 28 de abril, como adelantó este diario, por lo que el periodo de sesiones parlamentarias quedará cerrado el 4 de marzo. Quedan apenas veinte días que, aunque el presidente Sánchez, ha señalado este viernes que «trabajaremos hasta el último minuto de la legislatura» lo cierto es que las opciones de llevar a cabo algunas de sus propuestas económicas son mínimas.

Prácticamente cero son las opciones de que el Gobierno pueda en veinte días derogar algunos aspectos de la reforma laboral. Su intención de echar por tierra aspectos como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de la empresa para «restablecer el equilibrio de poder entre empresarios y trabajadores».

Para hacerlo, no solo necesitaba un acuerdo con los agentes sociales, difícil de alcanzar en unos meses, sino también el pacto parlamentario con varios grupos al tener solo 84 diputados.

Tampoco podrá poner en marcha el Estatuto de Trabajadores, otra de las intenciones socialistas, o acabar con los falsos autónomos. Respecto a este colectivo, no será posible ya la tramitación de la reforma de la Ley de Morosidad, aspecto largamente demandado por los autónomos para que se cumpla el periodo de pago o se establezcan sanciones, entre otras cosas.

Impuestos

Dormirán ya el sueño de los justos los nuevos impuestos que se están tramitando en el Congreso, como la ‘tasa Tobin’ y la ‘tasa Google’. El impuesto a las transacciones financieras, por el que el Gobierno pretendía ingresar 850 millones de euros este año, quedará pendiente para la siguiente legislatura si gana el 28-A.

En la misma situación se encuentra el impuesto a las grandes tecnológicas. Más de 1.000 millones de euros en ingresos previstos que no verá la luz. Tampoco será posible ya rebajar del 100% al 95% la exención a la repatriación de dividendos de las grandes multinacionales españolas -medida que trata de no gravar dos veces los beneficios de las compañías, en el país de origen y en España-.

Muerto queda también el impuesto al diésel, por el que el Gobierno pretendía gravar este combustible con unos 36 euros al año de media para todos los consumidores.