Lo que debes hacer según un juez para echar a los okupas de tu casa: «La ley debería…»

La okupación ilegal de viviendas es una problemática real que afecta tanto a particulares como a grandes propietarios o tenedores de pisos y casas. Algo de lo que ha querido hablar el magistrado Vicente Magro, que en una reciente entrevista en la que presentaba su libro ‘Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble’ ha calificado a la okupación como «uno de los problemas más graves” de la sociedad actual, especialmente en España, donde los procedimientos legales para recuperar una casa con okupas suelen ser lentos y complejos.

En su reciente libro Magro denuncia que el sistema actual «favorece la impunidad de los okupas», en contraste con otros países europeos donde estos casos suelen resolverse en apenas 72 horas. El magistrado explica que el problema radica en la percepción de vulnerabilidad de los okupas, un factor que suele paralizar las actuaciones judiciales. Este fenómeno no sólo afecta a la seguridad jurídica de los propietarios, sino que también genera una sensación de desprotección en la sociedad. Además, critica que la Ley de Vivienda aprobada recientemente no haya aprovechado la oportunidad para introducir reformas necesarias que agilicen estos procesos. Sin embargo, el juez explica que existe una alternativa del todo legal para echar a los okupas de una casa y en concreto, en el caso de los inquiokupas.

Lo que debes hacer según un juez para echar a los okupas de tu casa

Un tipo de okupación especialmente complicado es el de los inquiokupas, aquellos inquilinos que inicialmente firman un contrato de alquiler pero luego dejan de pagar y no abandonan la vivienda. Según el juez Magro, esta situación suele tratarse por la vía civil, lo que implica largos procedimientos judiciales y una espera desesperante para los propietarios.

El magistrado propone abordar estos casos por la vía penal, argumentando que, si el inquilino ya tenía la intención de no pagar desde el momento de la firma del contrato, esto podría considerarse una estafa. En concreto, en declaraciones al programa  ‘La trinchera’ de esRadio, explica «Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa», explica. «Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa», añade.

El obstáculo de la vulnerabilidad

Uno de los principales obstáculos para desalojar a los okupas es la declaración de vulnerabilidad, que les permite permanecer en la vivienda mientras se resuelve su situación. Magro denuncia que, en muchos casos, esta condición se otorga sin una investigación exhaustiva, basándose en declaraciones telefónicas o sin verificar la situación real del okupa.

El magistrado sugiere que la legislación debería incluir mecanismos más rigurosos para comprobar la vulnerabilidad, asegurando que solo quienes realmente lo necesiten puedan acogerse a este beneficio. Para ello, propone crear una Ley Integral contra la okupación, que establezca criterios claros y procedimientos rápidos para evaluar estas situaciones.

«La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta» afirma el magistrado, de modo sólo se conceda la vulnerabilidad cuando realmente esté justificada. Esto daría más seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los operadores judiciales.

Comparación con otros países europeos

Mientras que en España los procesos de desalojo pueden extenderse durante meses o incluso años, otros países europeos tienen mecanismos más eficaces para resolver estos casos. En Italia, Francia, Alemania o Bélgica, los okupas suelen ser desalojados en un plazo de 72 horas, gracias a legislaciones más estrictas que priorizan el derecho a la propiedad.

Magro destaca que España podría aprender de estos modelos y adaptar su legislación para garantizar una resolución más ágil de los casos de okupación, siempre respetando los derechos de ambas partes. Según el juez, este cambio no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a mejorar la percepción de seguridad jurídica en el país.

La necesidad de una Ley Integral

Para solucionar de manera definitiva el problema de la okupación, Magro aboga por la creación de una Ley Integral que abarque todos los aspectos relacionados con este fenómeno y que ya hemos ido enumerando. Esta normativa debería incluir:

• Procedimientos judiciales más rápidos.
• Criterios claros para determinar la vulnerabilidad.
• Sanciones más severas para los casos de estafa y ocupación ilegal.

Según el juez, esta ley sería un paso esencial para garantizar el equilibrio entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada. Además, permitiría a los operadores jurídicos actuar con mayor eficacia, evitando la sensación de impunidad que actualmente prevalece en muchos casos.

En definitiva, y con lo argumentado por este juez, queda claro que okupación es un problema complejo que requiere soluciones urgentes y eficaces. Las propuestas del juez Vicente Magro frente a unas okupas en casa, ofrecen un punto de partida para abordar este fenómeno desde un enfoque jurídico más riguroso y ágil. Sin embargo, para que estas medidas sean efectivas, es fundamental que las autoridades legislen con la misma determinación con la que otros países europeos han enfrentado este problema. Sólo así se podrá garantizar la protección de los derechos de los propietarios y la seguridad jurídica que toda sociedad necesita.