La justicia rechaza el recurso de Ferrovial por la M-203 de Madrid y limita a 73 millones el pago

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado un recurso presentado por Ferrovial respecto al pago de 73,4 millones de euros que recibió en 2021 de la Comunidad de Madrid por la construcción de la autopista M-203 en 2005, que está abandonada y nunca entró en operación. Ferrovial esperaba al menos 32 millones de euros más, además de otros 144 millones por lucro cesante.

En una sentencia del 5 de febrero, los jueces desestiman el recurso presentado por la compañía, a través de la concesionaria Autopista Alcalá O’Donnell, de su filial Cintra, que en 2005 se adjudicó la construcción de esta autopista y su explotación durante 30 años.

La Comunidad de Madrid, presidida por ese entonces por Esperanza Aguirre, no ató antes los permisos necesarios para su construcción. Especialmente, no contaba con la autorización ni de la Confederación Hidrográfica del Tajo ni del Ministerio de Fomento o Adif, por cuyos terrenos pasaba la carretera planificada.

De esta forma, dos años después, en 2007, Ferrovial paralizó las obras y la Comunidad le pidió que siguiese adelante, por lo que la compañía solicitó una modificación del contrato, que en 2009 se plasmó en una extensión del mismo de 30 a 60 años para compensar a la empresa.

Ya en 2012, cuando había más de 52 millones de euros ejecutados de un total de 86 millones de presupuesto, Ferrovial pidió la resolución definitiva del contrato, algo a lo que la Comunidad, presidida entonces por Ignacio González, hizo oídos sordos, lo que motivó que Ferrovial acudiese al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2013.

Dos años más tarde, los jueces le dieron la razón a la empresa, la Comunidad recurrió y en 2016 -con Cristina Cifuentes en la presidencia- se desestimó ese recurso. En 2018, la Comunidad de Madrid aceptó una indemnización de 56,2 millones de euros, más 5,3 millones por intereses de retraso, pero no la abonó, pasando dos años más, hasta que la empresa presenta en 2020 –siendo Isabel Ayuso presidenta– un recurso ante la inactividad de la administración respecto al pago.

Por fin, en diciembre de 2021, la Comunidad ejecuta el pago de esos 56,2 millones, más los 5,3 millones en intereses y el resto del IVA abonado hasta un total de 73,4 millones de euros, cantidad que Ferrovial consideró insuficiente y recurrió, dando como resultado esta última desestimación del TSJM.

En concreto, pedía 7,1 millones de euros más por la ejecución de la obra y un total de 24,8 millones de euros de intereses, así como un lucro cesante por perder la posibilidad de explotar una autopista durante 60 años de 144,4 millones de euros.

La sentencia es susceptible de recurso de casación, algo que fuentes de la compañía señalan a Europa Press que están considerando presentar.