El juez rechaza la intervención de Gedesco solicitada por el fondo estadounidense JZI

El Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia ha rechazado la intervención judicial del Grupo Gedesco, por considerar que los hechos alegados por el fondo americano JZI no están acreditados. El juzgado valenciano mantiene a los socios fundadores de la empresa, Antonio Aynat y Javier García Escrivá, al frente de la gestión y administración de las sociedades del Grupo Gedesco. Asimismo, el auto descarta la adopción de otras de las medidas cautelares solicitadas por JZI como era el cese de administradores y consejeros o las relativas a la compañía Stator y sus filiales. Para mantener el status quo hasta que se resuelva el caso, el juzgado ha ordenado a los socios de Gedesco que no realicen ninguna transacción que afecte a la composición del capital social del Grupo o sus filiales.

En un detallado examen de las cuestiones planteadas, el juez ha descartado el amplio abanico de medidas cautelares interesadas por la querellante, entre la que se encontraba la administración judicial de la sociedad matriz y sus filiales, concluyendo al respecto que: «La medida cautelar de administración judicial se considera desproporcionada porque supone una intervención radical y desmesurada en el ámbito de los intereses de los socios querellados, sobre la base de un relato fáctico de imputación extremadamente amplio y sobre la base de hechos y elementos que distan en este momento, parte de ellos, de estar acreditados. La concatenación precisa de dicho plan o estrategia a hechos de relevancia penal patrimonial, o falsaria, resultan en ocasiones vaga e incompleta».

El juez muestra también su perplejidad por el hecho de que JZI haya acudido a la jurisdicción penal sin antes haber solicitado medida alguna en el ámbito de la jurisdicción mercantil. Por ello, califica de desproporcionada la medida cautelar de administración judicial al suponer «una intervención radical y desmesurada». Para añadir que el relato de los hechos incluido en la querella por la que pedían la intervención judicial de la empresa valenciana contiene «elementos que distan en este momento, de estar acreditados».

El juez reprocha al fondo estadounidense JZI, la aportación parcial de documentación; considera la querella «vaga e incompleta» y resta credibilidad a las declaraciones notariales de sus exdirectivos Máximo Buch (exconsejero de Economía valenciano en el gobierno de Jorge Fabra) que presidía Stator, como Ernesto Bernia al calificar de «tierno» su valor indiciario.

El auto tacha el relato de la querellante como impreciso e «incoherente con la configuración subjetiva del proceso y la legitimidad para el ejercicio de acciones por daño patrimonial». La resolución destaca, además, que las supuestas entidades perjudicadas por los hechos ni tan siquiera son parte del procedimiento, ni han ejercitado acción penal alguna frente a los consejeros de la financiera valenciana.

Algo que, para Gedesco, supone que «el juez viene a reconocer implícitamente el carácter instrumental de la querella interpuesta, careciendo de relevancia penal», según un comunicado difundido por la financiera.

El consejero delegado de la compañía valenciana, Antonio Aynat, valora positivamente la resolución judicial, ya que «dejará sin excusas a quienes solo buscaban perjudicar los intereses del Grupo y forzar una liquidación que culminara la espiral de desinversión de JZI en España sin atender a sus responsabilidades».

Tanto Aynat como García Escrivá, tienen interpuesta una querella multimillonaria contra JZI en Estados Unidos por múltiples delitos. Mientras Máximo Buch y Ernesto Bernia están acusados de presuntas estafas a Gedesco y a sus socios por valores que podrían alcanzar los 50 millones de euros.