El juez procesa a la excúpula de Sa Nostra por operaciones inmobiliarias en Palma

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado al ex director general de Sa Nostra Pere Batle, su adjunto Pablo Dols, y otras tres personas por presunta apropiación indebida y administración desleal en operaciones inmobiliarias en Palma que causaron un daño millonario.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 1 también ha acordado seguir las actuaciones respecto al ex subdirector general de la caja, Rafael Oliver, el promotor inmobiliario Martín Gual, y el apoderado de varias sociedades del holding, en tanto que ha exonerado a la veintena de integrantes del Consejo de Administración.

Esta pieza principal investiga la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico «que oscila entre 48 y 50 millones de euros», detectadas por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.

Según Anticorrupción, los órganos de la caja, mostraron desde 2005 y «con incremento de la actividad entre 2008 y 2010», un control «deficiente» en un contexto de «mala situación financiera y sin garantías de la financiación concedida, a precios desproporcionados para el tipo de suelo adquirido y sin valoración externa en la compra de participaciones sociales».

La fiscal remite al informe elaborado por el Banco de España, que evidencia que las operaciones, algunas destinadas a la compra de fincas en Son Morlà, Son Morlanet y Son Bordoy (Palma) se hicieron sin «certeza de la solvencia del deudor» ni seguimiento del riesgo, lo que permitió que las sociedades vinculadas al grupo «no pudieran cumplir con sus compromisos de pago».

De igual modo, destaca la «asimetría de las financiaciones», de las que se habrían desviado 23,8 millones de euros, ya que, de sufrir pérdidas, éstas serían soportadas «prácticamente en su totalidad» por la caja.

Al margen de ésta, el juez investiga una segunda querella por las presuntas irregularidades en operaciones realizadas por Sa Nostra siempre a través de su filial inmobiliaria Invernostra, con Sotohermoso, en las que «se permitió que se produjera un desvío de partes de los fondos a fines ajenos», cuantía que los informes fijan en 33,6 millones de euros.