Hacienda saca a la luz las trampas fiscales de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid: 800 millones

No sólo es que el Gobierno acabe de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Es que la resolución con la que Hacienda justifica la toma de control del caos financiero organizado por el equipo de Manuela Carmena al frente de la capital de España desvela todas las trampas fiscales con las que el Consistorio lleva poniendo en peligro las finanzas madrileñas desde su llegada al Ayuntamiento.

La resolución íntegra, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, pone el descubierto un esquema de arbitrariedades que resultará difícil de defender por los podemitas. El documento recuerda que «de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» (en adelante LOEPSF), «En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico- financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo».

Pues bien, pese a ello, y haciendo uso de su capacidad de control, el Ministerio de Hacienda se ha encontrado con una serie de «actuaciones que han dado lugar al incumplimiento de la regla de gasto». O, dicho de otra manera, una serie de trampas entre las que destacan las siguientes:

1. La «adquisición del edificio sito en la calle Alcalá 45 por valor de 104 millones de euros».
2. La «ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes para las que no existía una previsión de créditos en el presupuesto del año 2016 por valor de 101,3 millones de euros».
3. El «incremento del empleo no financiero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que implica formación bruta de capital por un valor aproximado de 70,4 millones de euros».
4. El «coste de ruptura de las amortizaciones anticipadas de los préstamos a tipo fijo por valor de 1,8 millones de euros».
5. La ejecución obligatoria «de gastos financiados con ingresos de particulares por importe de 6,5 millones de euros».
6. La «prestación de servicios derivados de la ejecución de competencias impropias que deberían ser prestadas por las Comunidades Autónomas o el Estado por valor de 428,46 millones de euros».
7. La «pérdida de ingresos derivados de las exenciones que la legislación estatal establece con carácter obligatorio sobre determinados tributos municipales por valor de 75,4 millones de euros en el ejercicio 2016».

La suma de todas estas partidas supone casi 800 millones de euros. Una barbaridad de cifra sobre la que el Ayuntamiento se ha negado a adoptar medidas de reconducción que satisfagan los criterios que sí cumplen el resto de municipios de España.