Gonzalo Bernardos avisa: «El más beneficiado de la reducción de jornada es el que menos cobra»

En mayo de 2025, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley que planteaba reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin reducir los salarios. Sin embargo, más de un año después, en septiembre de 2026, la reducción de jornada continúa sin aplicarse. La iniciativa no superó su trámite parlamentario y fue rechazada por el Congreso el 10 de septiembre de 2025. Desde entonces, no existe un nuevo proyecto de ley en tramitación ni una fecha concreta para su posible entrada en vigor.

Aun así, la reducción de jornada continúa siendo objeto de debate político, empresarial y social. La discusión se centra principalmente en cómo afectaría esta reducción a los salarios, la organización de las jornadas, la conciliación y la productividad, así como en las consecuencias que podría tener para los distintos sectores de actividad.

La advertencia de Gonzalo Bernardos sobre la reducción de jornada

Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona, durante su intervención en «Más Vale Tarde», de laSexta, defendió que los principales beneficiados de la reducción de jornada serán «indudablemente quienes menos cobran y quienes tienen los trabajos, muchas veces, más desagradecidos».

Su planteamiento se basa en que los trabajadores con salarios elevados, sobre todo quienes ocupan puestos directivos, ya disfrutan de una mayor flexibilidad horaria. Por el contrario, quienes desempeñan empleos peor remunerados y cuentan con menor capacidad de negociación son los que afrontan jornadas laborales más largas y, por tanto, quienes más podrían beneficiarse de esta medida. Según Bernardos, «la inmensa mayoría de las personas que trabajan más de 37,5 horas a la semana son personas que llegan muy justitos a final de mes».

La propia memoria del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo apunta en una dirección similar; el documento calcula que la reducción de jornada podría beneficiar a 12,5 millones de trabajadores del sector privado. Asimismo, identifica varios sectores con jornadas medias pactadas superiores a las 39 horas, entre ellos la agricultura, el comercio, la información y las comunicaciones y la hostelería, actividades en las que la capacidad de negociación colectiva suele ser más limitada.

Por ello, Bernardos coloca a los trabajadores con salarios bajos en el centro del debate. En muchos de estos sectores, realizar más horas no implica necesariamente obtener una mayor remuneración y, además, el proyecto de ley pretende combatir las horas extraordinarias que no se ajustan a la normativa.

Choque entre sectores

La principal crítica ha llegado desde las organizaciones empresariales. CEOE y Cepyme han alertado de que reducir la jornada podría generar dificultades para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, debido al incremento de costes y a la necesidad de reorganizar horarios y plantillas.

«Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida tan lesiva para las empresas españolas, pero también para que los ciudadanos sean conscientes del verdadero impacto que tendrá una reducción de la jornada por la vía legal y al margen de la negociación colectiva.

Además, no podemos dejar de denunciar que la memoria de impacto normativo elaborada por el Ministerio de Trabajo, mientras admite un incremento de costes cercano al 7% para las empresas, perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio, muy afectados por la medida, al igual que otros, para asegurar que ésta es asumible. Este ejercicio hurta a la ciudadanía la posibilidad de tener una visión más real y crítica de esta medida», señalaron en un comunicado sobre la reducción de jornada.

La hostelería se encuentra entre los sectores que aparecen con mayor frecuencia en el debate, pero Bernardos cuestiona una visión excesivamente negativa de la situación. «Bares, restaurantes, sector servicios en general están viviendo una primavera dorada. Muchos profesionales del sector admiten en privado que están ganando más que nunca», aseguró.

Registro horario y derecho a la desconexión

El proyecto aprobado por el Gobierno no se limita a reducir de 40 a 37,5 horas semanales la jornada máxima legal. También introduce un refuerzo del registro horario y del derecho a la desconexión, dos medidas con las que el Ministerio de Trabajo busca prevenir abusos y controlar las horas extraordinarias que se realizan fuera de los límites establecidos.

El Estatuto de los Trabajadores establece desde 2019, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, la obligación de que las empresas garanticen un registro diario de la jornada. Los registros deben conservarse durante cuatro años y estar disponibles tanto para la plantilla como para sus representantes y la Inspección de Trabajo.

Mientras, la Ley Orgánica 3/2018 reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral. Además, la normativa establece igualmente que las empresas deben desarrollar una política interna, previa audiencia de la representación legal de los trabajadores, en la que se determinen las condiciones para ejercer este derecho, así como las medidas de formación y sensibilización necesarias.