El Gobierno también se lleva por delante la composición del Consejo Económico y Social con otra reforma

El Consejo Económico y Social (CES) ha expresado su «profundo malestar» por la manera en la que el Gobierno ha llevado a cabo la reforma de la composición del organismo, «sin haber realizado con anterioridad ningún tipo de consulta con el propio Consejo y las organizaciones que lo conforman», han trasladado en un comunicado.

El CES recuerda que es el «principal órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral», y en él reside el diálogo social institucionalizado, por lo que las formas en las que se aborde su modificación legislativa resultan «especialmente relevantes» a la hora de garantizar el nivel de lealtad institucional que siempre ha presidido la labor del Consejo.

Según su ley de creación, la entidad afirma que se configura como un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, y que en su artículo séptimo se establece, entre sus funciones, emitir dictámenes con carácter preceptivo sobre los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del Consejo.

A pesar de ello, critica que el pasado 22 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un Real-Decreto ley que en su disposición final primera incluye una modificación de la ley de creación del CES, con el objetivo de dar cabida en el organismo a patronales autonómicas, «sin que se haya producido con carácter previo ningún tipo de consulta a los órganos de gobierno del propio Consejo ni a las organizaciones que lo conforman». Dicha disposición concede un plazo de tres meses al CES para modificar su reglamento interno y adecuar la composición del grupo segundo, el referido a los empresarios, a la nueva redacción de la ley. El cambio pretende que estén representadas las asociaciones empresariales más importantes a nivel autonómico (como ya sucede en el caso de los sindicatos), lo que abrirá la puerta a la entrada de la patronal catalana Pimec».

«La función que se desarrolla en el CES se califica como diálogo social institucionalizado, dentro del marco de la democracia participativa, y las organizaciones que lo conforman, con acreditada representatividad, tienen la finalidad reconocida constitucionalmente de representar y defender intereses constitucionalmente protegidos», subraya el CES en el comunicado. A su juicio, esta composición «plural y suficientemente representativa» ha demostrado durante todos estos años de funcionamiento de la institución rendir sus frutos en el marco del mencionado diálogo social institucionalizado.