El Gobierno rescata a Celsa y deja en el aire a Abengoa al término del fondo de la ayuda de la Sepi

El Gobierno acude al rescate del grupo industrial Celsa, pero deja caer a Abengoa. La Ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado tras la celebración esta mañana de Consejo de Ministros que la Sepi ha aprobado el rescate de seis empresas con 721 millones de euros.

Las seis empresas rescatadas han sido Celsa; la cadena de clínicas dentales Vivanta (40 millones); las empresas de viajes Meeting Point (31 millones) y Blue Sea (25 millones); y las ingenierías Isastur (40 millones) e Imasa (35 millones). El rescate aprobado de Celsa, 550 millones de euros -canalizados a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones de euros y otro ordinario de 269,5 millones-, es el mayor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi, y debe contar también con el visto bueno de la Comisión Europea, al superar el umbral de los 250 millones.

La vigencia del fondo de la Sepi finaliza esta semana, el día 30, por lo que la decisión de no rescatar finalmente a Abengoa aboca a la compañía y sus sociedades dependientes a plantear una alternativa al rescate público que evite uno de los mayores concursos de acreedores sucedidos en la historia empresarial española.

Isabel Rodríguez ha señalado tras el consejo de ministros que el expediente de Abengoa está “pendiente de resolución”. La SEPI denegó el rescate, pero también abrió un plazo de alegaciones de 5 días, aunque sin especificar si se trataba de días naturales o laborales. En caso de ser de los primeros, el plazo concluiría hoy. Por su parte, la empresa señaló que presentará “en el menor plazo posible las correspondientes alegaciones acreditando la concurrencia de los requisitos de elegibilidad cuestionados por la dirección del Fondo”.

Como ha publicado hoy OKDIARIO, el informe de la Sepi sobre la posible ayuda a Abengoa es demoledor. El organismo no confía ni en el Plan de Viabilidad presentado ni en la capacidad de la compañía energética para devolver los préstamos públicos. El grupo con sede en Sevilla afronta litigios por importe total de unos 1.000 millones de euros y contingencias fiscales por otros 2.000 millones de euros.