El Gobierno impedirá en 2026 el desahucio de okupas que cobren hasta 1.800 euros o 2.200 con un hijo
Los propietarios afectados cifran en 80.000 las familias que deberán seguir manteniendo a los "vulnerables" en sus viviendas
En 2026, los okupas que cobren hasta 1.800 euros mensuales estarán protegidos de un lanzamiento gracias a la ley antidesahucio que ha prorrogado esta semana el Gobierno por séptimo año consecutivo. El acuerdo ha sido alcanzado entre EH Bildu y el PSOE y da continuidad a un «escudo social» que a priori se aprobó como medida provisional para proteger a las familias vulnerables durante la crisis sanitaria.
Ahora la Plataforma de Afectados por la Ocupación condena que las condiciones de presunta «vulnerabilidad» establecidas por Servicios Sociales son extremadamente sencillas de cumplir: «Ser vulnerable es muy fácil. Con tener ingresos de menos de 1.800 euros o de 2.200 euros si tienes hijos o familiares a cargo, vale para impedir el desahucio», explica en conversación con OKDIARIO el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo.
Destaca que es una condición inútil cuando el salario medio en España es de menos de 1.500 euros y teniendo en cuenta que cuando los filtros son «puramente económicos», se pueden manipular con facilidad: «Todos los trabajos en B no cotizan. Hay parejas en las que uno de ellos decide empadronarse en casa de su familia y de esta manera ya tampoco computa», apunta Bravo.
En este sentido, destacan que todo queda «en un limbo» que tan sólo sostienen los propietarios afectados por la inquiokupación porque mucha gente estaría «forzando la vulnerabilidad» aprovechando este sistema:
«Lo que están haciendo es hundir a familias trabajadoras que tienen una única vivienda de alquiler, que son el 93,4%. Debe saberse que el mercado del alquiler no está en manos de grandes tenedores y que el PSOE es consciente de lo que pasa. Ellos mismos se reunieron con nosotros hace veinte días», aseguran desde la plataforma.
80.000 familias pagan los «vulnerables»
Los afectados por la okupación subrayan que, pese a que desde la izquierda se cifra en 60.000 los desahucios paralizados, ellos han registrado hasta 80.000 a causa de que existe «un acumulativo desde el año 2020» que sigue paralizado. Se trata de miles de familias que están manteniendo a estos presuntos «okupas vulnerables».
«Hay gente que, por la deuda que han adquirido por los inquiokupas, han perdido la vivienda y no se sabe ni qué evaluación han hecho para que esta medida tenga que ser casi estructural. Tampoco han hablado con los propietarios afectados para ver en qué situación están ellos», explica.
Ayudas sólo para el 7%
La Plataforma de Afectados por la Ocupación matiza que se trata del séptimo año de ejecución y desde el Gobierno ni siquiera se sabe cómo ha funcionado el decreto de compensaciones que va anexo y que sólo estaría llegando a un 7% de los afectados.
«Lo que está haciendo el gobierno es engañar a los españoles haciendo creer que son ellos los que están manteniendo a las familias vulnerables, cuando no es así. Les están manteniendo los dueños de esas casas. A dichos vulnerables no les ofrecen una vivienda, un recurso habitacional, ni los recursos económicos para acceder a ella (…) Entonces está derivando las responsabilidades que tienen como Gobierno a aquellos que tienen una vivienda en alquiler», critica Ricardo Bravo.
En esta línea destacan que las compensaciones por las okupaciones sólo están llegando a un 7% de todos los afectados y que son ayudas «miseria» que estima el Ejecutivo dependiendo de la zona y de si se considera zona tensionada: «No se publicita y las comunidades autónomas no tienen recursos económicos. El Plan Estatal de Vivienda llega hasta donde llega y para pagar todas estas compensaciones harían falta muchos millones de euros», finaliza.
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