El Gobierno endurece el control para cobrar el ingreso mínimo mientras Europa cuestiona su gestión

El Gobierno ha impuesto este año un nuevo control para fiscalizar los ingresos de los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) y reclamar la devolución de esta ayuda en caso de que se supere el límite de ingresos anual que marca la norma. Antes se hacía un único control en octubre fiscalizando los datos de la declaración de la renta de cada año, pero desde este año la Seguridad Social está haciendo un segundo control en mayo con los datos de imputaciones tributarias de la Agencia Tributaria.

Así lo explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito. En esa pregunta, diputados de Sumar piden explicaciones al Ejecutivo por el impacto que está teniendo en «muchos colectivos vulnerables» la gestión de los cobros indebidos del ingreso mínimo: las reclamaciones, con intereses, de devoluciones de la prestación generando una deuda imposible de pagar a muchos afectados.

En su respuesta, el Gobierno no explica cuántas reclamaciones por cobros indebidos ha iniciado, ni qué medidas va a tomar para reducir su impacto. Un impacto que se mide en el hecho de que miles de afectados han denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que Europa obligue al Gobierno español a modificar su política de cobros indebidos por el daño que está haciendo a las familias, que se quedan sin ayuda y con una deuda que no pueden pagar.

El Gobierno hace caso omiso a este problema y se ha limitado a aumentar los controles a dos al año, lo que minimizará «el desfase temporal entre la prestación debida y la realmente abonada y, por lo tanto, los ajustes a realizar», defiende el Ejecutivo.

Además, explica en la respuesta parlamentaria, lo que va a hacer el Gobierno es acelerar los procedimientos de regularización para evitar que se cumplan los cuatro años que marca la ley para que prescriba. Es decir, acelerar los procesos para que nadie se escape sin devolver el dinero.

La respuesta del Gobierno nada tiene que ver con las necesidades de los afectados por los cobros indebidos del ingreso mínimo. En muchos casos, como demuestran las numerosas sentencias judiciales a favor de los perceptores de esta prestación, los expedientes de reclamación se inician por errores de la Seguridad Social. Por ejemplo, contabilizar en el patrimonio del perceptor su vivienda habitual, o no sumar los ingresos por pensiones por los hijos en los divorcios a la hora de conceder la ayuda.

Otras veces porque el perceptor ha trabajado unos días o unas semanas tratando de salir de la situación en la que se encuentra -viviendo de una prestación pública-. Pero la Seguridad Social le castiga al superar el límite anual de ingresos y le impone un calendario de devolución de lo cobrado leonino. Así ha sucedido con perceptores que trabajaron dos semanas durante un año.

De esta forma, el ingreso mínimo se ha convertido para una parte de los perceptores en una ayuda trampa, que no les deja salir de la situación de precariedad en la que se encuentran. Las reclamaciones, con intereses si no se devuelve, e incluso embargos, afectan a unas 100.000 familias sólo en 2022 y 2023, según admitió el Gobierno al Defensor del Pueblo -el ingreso mínimo se aprobó en 2020-.

Esta política de devoluciones es lo que los afectados quieren cambiar y por lo que han denunciado al Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales a través de la ONG ATD Cuarto Mundo. El Comité ha admitido la denuncia e investigará la gestión por parte del Gobierno de estos cobros indebidos por si incumpliera la Carta Social europea.