El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital que quería Iglesias para subsidiar a 2,3 millones de personas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital que quería el vicepresidente Pablo Iglesias. El coste inicial para las arcas públicas será, según los cálculos del Gobierno, de 3.000 millones de euros anuales. El Gobierno pretende que llegue a 2,3 millones de personas.

En principio el Gobierno dice que llegará a 850.000 hogares, aunque inicialmente las cuentas públicas sólo permitirán que un inicio reciban este subsidio a 100.000 hogares. 

El ingreso mínimo vital oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales y pretende reducir un 80% la pobreza severa. Esta es la cara positiva de la moneda, sin embargo desde el mundo económico consideran que es un error apostar por relanzar la economía de las familias mediante subsidios y que las iniciativas que verdaderamente sirven para mejorar la situación financiera de un hogar es que las empresas privadas puedan crear empleo y les contraten. Sin embargo, la hoja de ruta del Gobierno es subir impuestos y dar subsidios.

La renta mínima comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares y correrá a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, que ya se encuentra bastante asfixiado por la crisis del coronavirus y problemas como el envejecimiento de la población. En principio tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales. Aunque lo cierto es que, al reconocer un derecho como este el coste para las arcas públicas podría aumentar sensiblemente si, como ha ocurrido durante esta crisis, hay más familias con sus miembros en desempleo y más pobreza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar las críticas, anunció el pasado fin de semana que esta prestación sería similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa. Sin embargo, olvidaba que España ya es uno de los países más generosos en sus prestaciones y subsidios de desempleo.

En concreto, según el Gobierno, de los 850.000 hogares beneficiarios, se llegaría a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos con niños y cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores a los 230 euros al mes, tal y como explica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El Gobierno, claro está, tampoco tiene en cuenta que hasta el momento muchos hogares han estado viviendo de la economía sumergida, una renta que no computará -porque a ojos de la administración no existe- para recibir el ingreso mínimo vital o no.

El ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, aunque podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales. Es decir, que en la práctica no será homogéneo en España y serán las comunidades las que podrán fijar que algunas personas reciban más subsidios o no.

Escrivá explicó recientemente que el procedimiento para ponerlo en marcha sería el siguiente: se abonará inicialmente a unos 100.000 hogares, a los que se les concederá esta renta de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas.

Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no.

Respecto a la renta que no se podrá superar para acceder a la prestación, la Seguridad Social ha aclarado que «para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas». También ha avanzado que será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo.

La aprobación de esta medida, incluida en el acuerdo programático de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha generado ciertas tensiones entre la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.