Gas Natural llevará al Gobierno colombiano a los tribunales tras la expropiación y la purga de directivos

Gas Natural Fenosa considera que a partir del 3 de marzo podrá la compañía estaría habilitada para solicitar el arbitraje internacional en el caso de que no se alcance un acuerdo con el Gobierno de Colombia. El grupo energético español mantenía un contencioso con el Ejecutivo de Santos por la gestión de Electricaribe, compañía de distribución de electricidad de la región del Caribe que está sufriendo una oleada de fraude e impagos.

Desde la compañía declaran que la empresa apuesta por llegar «a un acuerdo», aunque no parece probable después de los múltiples desencuentros de los últimos meses. En el mes de noviembre el Gobierno colombiano intervenía las instalaciones de Electricaribe y durante la Navidad ha llevado a cabo una purga de directivos, tanto colombianos como españoles, «que no son de su cuerda», como han aclarado a OKDIARIO fuentes del sector energético colombiano.

Como ya adelantaba este periódico en el mes de agosto, Gas Natural Fenosa había decidido reaccionar a la amenaza de expropiación de su filial en Colombia presentando una demanda contra el Gobierno del país latinoamericano por incumplimiento de contrato. El equipo jurídico de la cotizada consideraba que la legislación y las tarifas aplicadas por el Gobierno son las causas que de verdad explican que haya empeorado el servicio eléctrico prestado por su filial. Es decir que las deudas y pérdidas acumuladas por la empresa son responsabilidad directa del Ejecutivo colombiano.

A pesar de que Gas Natural se ha mostrado optimista con el proceso «de paz», la empresa considera que a partir del 3 de marzo estará amparada para solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, por las desavenencias que le enfrentan con Colombia.

Gas Natural Fenosa es propietaria del 85% de Electricaribe y ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con el desarrollo de Colombia y ha negado las acusaciones del Ejecutivo que lidera Juan Manuel Santos, que afirma que la compañía es responsable de la falta de mantenimiento de las infraestructuras que está provocando apagones y mala calidad del suministro eléctrico. Por su parte la energética española ha explicado que está preocupada por el deterioro que aprecia en los indicadores de recaudación, fraude y calidad en el servicio de Electricaribe, que está intervenida por Colombia desde mediados de noviembre.

La empresa se comprometió con el Gobierno de Colombia a realizar inversiones para garantizar la calidad del suministro eléctrico en las zonas caribeñas donde opera, a cambio de que se aprobara una normativa que garantizara la seguridad jurídica y evitara los impagos y el fraude. Electricaribe cumplió con una parte del trato, al invertir unos 350 millones de euros en la mejora de las infraestructuras, pero el Ejecutivo del país latinoamericano no ha sentado las bases legales para evitar la sangría en las cuentas de la empresa.

A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía provisionado el 83 % de este importe.