antonio garamendi, presidente de la CEOE

Garamendi duda de las previsiones del Gobierno sobre el PIB de 2021 y el déficit de este año

Antonio Garamendi
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, discrepa de las previsiones económicas enviadas por el Gobierno a Bruselas, que cifran el desplome este año en el 9,2% del PIB y una recuperación en 2021 del 6,8%. Garamendi considera «muy difícil» la cifra de 2021 porque implicaría que el ritmo de recuperación es «muy cercano al de caída».

«Nuestra experiencia en crisis como ésta, que afectan fuertemente al tejido empresarial, nos señalan que si bien las caídas suelen ser bruscas y rápidas, las recuperaciones son siempre más lentas y moderadas», asegura Garamendi en una entrevista con Europa Press.

Además, el líder de la CEOE subraya que el déficit público será «algo mayor» al previsto por el Gobierno para este año (10,3% del PIB), ya que ve «difícil» que, estimándose una contracción de la economía española del 9,2%, los ingresos públicos sólo se vayan a reducir un 5%.

La consecuencia de que el déficit público se desvíe es que la deuda pública en relación al PIB probablemente superaría el 115% estimado por el Gobierno. Las previsiones difundidas por CEOE hace unas semanas apuntaban a un déficit del 11% y a una deuda pública de entre el 115% y el 120% del PIB para este año.

«A nosotros, lo que más nos preocupa no es tanto el déficit o a la deuda en un año como éste, que también, sino el déficit estructural, ya que es el que más incide a largo plazo para valorar la sostenibilidad de las finanzas públicas», afirma el dirigente empresarial, para quien es necesario acometer «de una vez por todas» un plan integral de mejora de la eficiencia del gasto público.

Cierre masivo

Garamendi ve «bastante complicado» que se vayan a poder «aguantar» todos los trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y advierte de un «cierre masivo» de empresas y de más paro si el Gobierno se niega a alargar estos procedimientos y a eliminar la obligación de las empresas de conservar los puestos de trabajo durante seis meses.

El líder de la patronal española ha insistido en que se necesita flexibilizar los ERTE y ha explicado que, para la CEOE, eso implica prolongarlos más allá del estado de alarma, mantener la exoneración de cotizaciones a las empresas que los hayan puesto en marcha, y suprimir la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a estos procedimientos.

Garamendi subraya que los ERTE «son la clave de la recuperación en caso de que se quiera que ésta se produzca», y hace hincapié en que las empresas que se han acogido a estos procedimientos temporales no lo han hecho porque les fuera mal el negocio o porque fuera mal la economía, sino porque el Gobierno ha ordenado su cierre por la pandemia del coronavirus. «Son ERTE por orden administrativa», ha enfatizado.

Normalidad

Sobre el plan de transición hacia la normalidad del Gobierno, el dirigente empresarial asegura que las empresas siempre atenderán las recomendaciones preventivas de Sanidad, pero ha advertido de que si el Ejecutivo toma las decisiones para la desescalada, debe tener claro que «el Estado tiene que hacer frente al daño que provocan» dichas decisiones.

Además, considera que la gestión de la desescalada se debe realizar teniendo en cuenta especialmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son los que conocen la realidad de sus territorios.

Legislación laboral

El líder de la CEOE ha advertido además que tampoco aceptará que se quiera aprovechar la crisis sanitaria para hacer cambios en la legislación laboral, en referencia a la demanda de los sindicatos de llevar a la legislación ordinaria las restricciones al despido objetivo instauradas durante la crisis del coronavirus. «No nos gusta ni nos va a gustar que, aprovechando una crisis sanitaria, se quiera hacer un cambio en la legislación, en la reforma laboral. Que lo hagan cuando pase este tema, pero que se haga en pleno estado de alarma, tiene su aquel», sostiene.

Sobre la renta mínima vital que quiere poner en marcha el Gobierno en la segunda mitad de mayo, Garamendi cree que «todo el mundo» entendería que en las circunstancias actuales se instaurara una renta de carácter coyuntural, pero no comparte que se quiera implantar una renta estructural «en pleno estado de alarma», ya que una medida así requiere hacerse con más calma. En todo caso, se ha mostrado partidario de que se vincule a la empleabilidad o la formación a fin de que sus perceptores «se integren en la dinámica económica».

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