Fedea entra en campaña con una reforma de la Agencia Tributaria que resta poder a las CCAA

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha aprovechado la incertidumbre política para poner sobre la mesa una reforma de la Agencia Tributaria que acompañe a la futura modificación del sistema de financiación autonómica. El objetivo es integrar todas las competencias fiscales y restar poder a los gobiernos regionales a cambio de permitirles que entren en el órgano de gobierno de la nueva organización encargada de gestionar todos los impuestos.

El informe ha sido elaborado por Jorge Onrubia, miembro de Fedea y catedrático de la Universidad Complutense, y plantea la “necesidad de extender el debate de la financiación autonómica” al modelo de gestión de los tributos, concebido este de forma integral. En su estudio, Onrubia indica que se debe mantener “el sistema de compartición de las principales figuras de titularidad estatal, si bien se abrirá de nuevo la discusión sobre la extensión de la capacidad normativa de las comunidades autónomas, incluidos los aspectos de gestión”.

El modelo actual de administración tributaria existente en España puede calificarse de híbrido, “con un reparto bastante fragmentado de competencias y con una coordinación efectiva entre jurisdicciones fiscales muy débil”, según considera el economista de Fedea. Por ello, en su trabajo propone “la adopción de un modelo de administración tributaria integrada”. Este nuevo sistema, inspirado en el canadiense, se situaría entre dos alternativas polares: una única administración tributaria dependiente del gobierno central y la existencia de múltiples administraciones tributarias completamente independientes.

Puesto que las comunidades autónomas comparten con el Estado los ingresos de los principales impuestos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), “deben participar, de manera efectiva y regular, en el diseño de la política de administración tributaria”, sin embargo, en la propuesta de Fedea esta participación no debe implicar que tengan competencias exclusivas.

Para solucionar esta disyuntiva, “es necesario contar con un órgano responsable de coordinar a nivel nacional la gestión de los impuestos de naturaleza patrimonial cedidos por el Estado”, que “debe velar por mantener la consistencia global de los cambios legislativos que se propongan”.

Onrubia es consciente de las dificultades de implantar este nuevo sistema sin contar con la colaboración de los gobiernos regionales, ya que “un modelo como el propuesto no es alcanzable con la simple aprobación de normas legales”. Resulta esencial contar previamente con un diseño organizativo consistente con la distribución de los compromisos y responsabilidades que asumirá cada gobierno participante. “Debe tenerse en cuenta que las comunidades únicamente se implicarán si se consideran partícipes reales de la política de gestión de los tributos que las financian”, indica el estudio.

“Por su viabilidad y dada la situación de partida, inicialmente consideramos recomendable la opción de integración basada en la redefinición de los actuales órganos de gobierno de la Agencia tributaria y de las CCAA, aproximándolos a una figura similar al consejo directivo de la agencia estatal canadiense. Entre las competencias de este consejo estaría la aprobación de los planes estratégicos (…) por razones de operatividad, podría establecerse un comité ejecutivo de ese órgano de dirección en el que por turnos rotatorios, por ejemplo bienales, estuviesen representadas junto al Estado al menos la mitad de las CCAA. El reparto del poder de decisión requerirá un consenso político previo a la aprobación del estatuto de funcionamiento”, indica Fedea.

El documento también plantea integrar en el nuevo modelo a las comunidades autónomas de régimen foral “haciendo compatibles sus competencias exclusivas de gestión, de base constitucional, con las ganancias de  eficiencia derivadas del aprovechamiento de las economías de escala, la coordinación y los intercambios de información”. Es decir, que País Vasco y Navarra no perderán capacidad normativa en materia tributaria.