Esta es la vergonzosa factura que tendrá que pagar Teresa Ribera a la constructora Torrescámara

Las constructoras Torrescámara y Sogeosa, adjudicatarias de las obras de la presa de la Rambla Gallinera, pactaron con la ex cúpula de Acuamed, empresa pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, el cobro de 1,2 millones de euros por los sobrecostes de la obra. Y asunto zanjado. Pero vinieron en 2016 los registros de la Guardia Civil de las oficinas de Acuamed, las detenciones de su ex cúpula por supuestamente inflar el precio de las obras -entre ellas, esta de Rambla Gallinera en Valencia- para favorecer a constructoras a cambio de regalos y el pacto de los 1,2 millones quedó en papel mojado.

Torrescámara y Sogeosa decidieron entonces acudir a un arbitraje en 2018 para cobrar su dinero. Tras años de peleas judiciales, el 2 de junio de 2023 han enviado a Acuamed la factura final de los sobrecostes tras el laudo arbitral: 4,1 millones de euros, como se ve en la imagen de la factura, a la que ha tenido acceso este diario.

Acuamed, dependiente de la ministra Teresa Ribera, tendrá que pagar por tanto 4,16 millones de euros a las dos constructoras que habían aceptado 1,2 millones con el ex director general de la firma, que está investigado en el caso Frontino y fue encarcelado por el juez Eloy Velasco, el primero que inició este proceso en 2015.

El resultado final es que las arcas públicas van a salir más perjudicadas con la actual cúpula de la compañía que con la anterior, enjuiciada. Además, más de 750.000 euros de la factura se deben a intereses procesales, legales y de demora, ocasionados por las maniobras jurídicas que ha utilizado Acuamed en este y en otros tantos arbitrajes que ha perdido con otras tantas constructoras.

Maniobra judicial

Porque la empresa pública que gestiona las desaladoras ubicadas en el Mediterráneo decidió forzar la suspensión de los arbitrajes alegando que al tratarse de obras bajo sospecha investigadas en la Audiencia Nacional dentro de la Operación Frontino había que esperar a que finalizase en juicio. El TSJ de Madrid les dio la razón, pero el Tribunal Constitucional tumbó este argumento y obligó al TSJM a volverse a pronunciar.

El nuevo pronunciamiento de la justicia fue contrario a Acuamed y obligó a pagar a las constructoras lo que había dicho el tribunal civil, el árbitro: 2,9  millones de euros que se han convertido en 4,1 millones por más intereses. «Y es sólo un caso, pero hay más. Se está investigando un supuesto desfalco a las arcas públicas y caso por caso los arbitrajes están diciendo que Acuamed tiene que pagar más. Dinero que pagan todos los españoles de los presupuestos», señalan fuentes del sector implicadas en el caso.