Los españoles pagarán 6.500 millones en la factura eléctrica por la excepción ibérica, según los expertos

La ‘excepción ibérica’, una de las medidas estrella del Gobierno de Sánchez para controlar el precio de la luz, un emblema para la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene truco. Según los expertos consultados por OKDIARIO, los consumidores españoles tendrán que pagar en la factura de la luz más de 6.500 millones este año, debido a las subvenciones a países como Portugal y Francia e incluso Marruecos, y además se verán imposibilitados para firmar contratos de suministro de largo plazo ante la negativa de las compañías distribuidoras a cubrir los riesgos y correspondientes costes de las tensiones en el mercado.

Según Óscar Arnedillo y Jorge Sanz, dos de los mayores expertos mundiales en el sector y miembros de la consultora Nera, la ‘excepción ibérica’ es una medida superflua e innecesaria, porque los ingresos de los generadores ya estaban limitados, ya sea por tratarse de generadores con retribución regulada (RECORE o generadores no peninsulares) o por la aplicación de una minoración de los ingresos superiores a 67 €/MWh (valor muy por debajo del precio que ha resultado tras la aplicación de la excepción ibérica, de 131 €/MWh hasta el 31 de diciembre de 2022).  También ha sido perjudicial para el desarrollo de la competencia, y crea distorsiones importantes en el mercado, aseguran.

Según estos medios, la solución que menos distorsiones crearía sería aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios -no sobre las ventas- y usar la recaudación para ayudar exclusivamente a los consumidores vulnerables con ayudas directas, como ya se hace con el bono térmico, evitando así obligar a los consumidores vulnerables a estar apuntados a la tarifa PVPC (precio variable de venta al público) y, con ello, expuestos a las fluctuaciones en el precio del mercado. Y, de esa forma, además se garantizaría una política social realmente progresiva.

De acuerdo con estas fuentes, no solamente no es cierto que gracias a la excepción ibérica los consumidores españoles se hayan beneficiado de un ahorro de 4.500 millones hasta el 31 de diciembre de 2022 -como dice la ministra Ribera-, sino que por culpa de la excepción ibérica los consumidores españoles tendrán que pagar 1.912 millones de euros más que si la medida no se hubiera aplicado, para hacer frente al coste de las subvenciones que hemos transferido a nuestros países vecinos en forma de electricidad a cargo de los españoles. Si fuera cierto que, como sugiere la metodología seguida por la ministra, los consumidores españoles se han ahorrado 4.621 millones gracias a la excepción ibérica, en el futuro estos tendrán que pagar una factura de 6.533 millones mayor que si no se hubiera aplicado la excepción ibérica.

Según estos expertos, es muy claro que la excepción ibérica no es más que una medida destinada a llamar la atención sobre el ahorro que los consumidores obtienen en 2022 (y no todos los consumidores lo obtienen), para distraerles del hecho de que en el futuro sus cargos se incrementarán no solamente para “devolver” ese descuento (en realidad, para compensar a los generadores renovables y no peninsulares afectados por la reducción en el precio del mercado spot en 2022) sino que, además, tendrán que pagar los 1.912 millones de euros que hemos transferido hasta ahora a Portugal, Francia y Marruecos.

De acuerdo con Sanz, la excepción ibérica se ha utilizado como herramienta para controlar la inflación, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculaba mal la evolución de índice de precios al consumo (es decir, la inflación) otorgando todo el peso al precio del mercado spot, ignorando el efecto estabilizador de los contratos de precio fijo a pesar de que los contratos de precio fijo constituían la mayoría de los contratos. Había otras soluciones que se podrían haber adoptado, tales como «corregir el cálculo de la inflación o rebajar transitoriamente las facturas de los consumidores en X euros al mes (financiando ese importe a un tipo de interés mucho menor que lo que se paga a los generadores del RECORE y no peninsulares)».

De ese modo «no habríamos transferido miles de millones a los países vecinos (probablemente más dinero que el que hemos destinado en el mismo periodo a ayudar a los consumidores vulnerables españoles) y la ayuda se podría haber concentrado en los consumidores vulnerables». Pero, en cualquier caso, una vez que el INE ya ha corregido el error que cometía al estimar la contribución de la electricidad a la inflación, «lo que no tiene sentido es insistir más en una medida, la excepción ibérica, que nos empobrece». Tanto Arnedillo como Sanz son partidarios de eliminarla lo antes posible a lo largo de este año.