España es el país con menor éxito de la UE en la lucha contra la pobreza pese a un mayor gasto social
Sánchez lanza el mayor gasto de la historia con un Presupuesto que pretende comprar 17 millones de votos
Los presupuestos de 2023 se prorrogarán hasta 2024 con el mismo gasto expansivo pero menos ingresos
España es el país de la Unión Europea que obtiene peores resultados en la lucha contra la pobreza a pesar de emplear el mayor gasto social del área, de acuerdo con los datos de Eurostat, el servicio de estadística de la Comisión. El porcentaje de población en riesgo de pobreza después de tener en cuenta las transferencias sociales se situó en España en el 21,7% en 2021 -el último de los años de los que se ofrecen datos- mientras el registro de la media europea fue del 16,8%.
Si la comparación se realiza con tres tipologías de países como Francia (estado grande), Alemania (estado mediano) e Irlanda (estado pequeño), el resultado también es desfavorable para España. Irlanda es el país en el que mejor han funcionado las políticas redistributivas, que lograron una disminución del porcentaje de población en riesgo casi un 20% en 2021. Le sigue en el escalafón Francia, con una caída del 11%, pero a cambio de una presión fiscal elevadísima que ha tenido claros efectos sobre el crecimiento económico. En cambio, Alemania y España son los países en los que, a pesar de que el gasto social medido por Eurostat representa en torno a un 25% del PIB, sólo se ha conseguido reducir la brecha de pobreza un 8% en el caso de Alemania y poco más del 6% en nuestro país.
En términos agregados, el modelo de protección social existente en España es el menos eficiente de los países de la UE, de acuerdo con los datos de Eurostat, y el grado de consecución de sus objetivos está muy por debajo de la media de la organización. Según la consultora Freemarket, «esto se compadece mal con una relación entre el gasto social y el PIB mayor que la existente en el promedio de los países europeos».
«La consecuencia es que España no tiene que gastar más sino mejor, y probablemente menos. La cuestión es asegurar que los programas de asistencia social estén bien diseñados y ejecutados. Ligar la expansión del gasto público a una más justa distribución de la renta puede ser un eslogan político atractivo, pero no se corresponde con la realidad», apunta al respecto un informe de la consultora.
Según Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, «si se introdujeran criterios de eficiencia en los gastos de las Administraciones Públicas se podría ahorrar entre un 15 y un 20% del gasto que se incluye en los presupuestos del Estado para 2023 y además lograr un mayor efecto sobre la población en general y sobre la población sujeta a programas de protección social en particular».
La ratio que se utiliza para medir la tasa de riesgo de pobreza es la utilizada por Eurostat y se define como el porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos se sitúa un 60% por debajo de la media nacional. Este es un indicador demasiado amplio, pero es el utilizado de manera estándar a escala internacional.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se han denominado como los de la «justicia social y de la eficiencia económica» y quieren apoyar la mayor expansión del gasto público de los últimos tiempos. Según el presidente Sánchez, esta política es imprescindible para mejorar la situación de los ciudadanos menos favorecidos o los colectivos más vulnerables, como suelen ser calificados por el Gobierno las personas cuyas renta se encuentran en los percentiles más bajos de distribución de la renta. Los datos de Eurostat demuestran, sin embargo, que identificar el incremento del gasto social con el bienestar de los individuos no se corresponde con la realidad.
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