Escrivá no tiene límites: cabreo ahora de los graduados sociales por un error en la ley de autónomos
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El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no tiene límites a la hora de enfadar a todos los colectivos que tienen que tratar con su Ministerio. Después de que las Mutuas de Accidentes de Trabajo le dirigieran una carta advirtiéndole de que miles de autónomos podrían tener que devolver las ayudas covid, y la amenaza de huelga de los empleados de la Seguridad Social -finalmente desconvocada-, ahora son los graduados sociales quiénes han puesto el grito en el cielo y han pedido una reunión urgente con su equipo para revertir un error en una norma suya que les obliga a registrar de nuevo los datos de todos los autónomos y pymes pese a que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria ya tienen esos datos.
Así lo explica Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en una misiva a sus asociados, a la que ha tenido acceso este diario. El origen del problema es la modificación mediante un real decreto de junio de 2022 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social.
La citada norma de Escrivá obliga a los trabajadores autónomos que figuran de alta en el RETA a comunicar sus datos antes del 31 de octubre de 2023. Según explica Gabaldón a sus asociados, «esto supone un aumento de la carga de trabajo para nuestro colectivo ya que esa información no sólo se requiere a las nuevas altas de autónomo o sociedades, sino que los autónomos y sociedades más antiguas también están obligados a cumplimentar la información. En muchos casos, la Seguridad Social está solicitando información que ya obra en poder de la propia Seguridad Social o de otras administraciones públicas como la Agencia Tributaria».
«La Seguridad Social, con la publicación de este tipo de normas, trasladando a los autónomos y empresas la obligación de facilitar datos que obran en su poder, ayudan muy poco o nada a que los graduados sociales podamos realizar nuestro trabajo con un mínimo de eficacia y profesionalidad», señala el presidente de los graduados sociales a sus asociados.
Medidas si no hay respuesta
Ante esta situación, que duplica el trabajo burocrático de los graduados sociales para dar una información que ya tiene la Seguridad Social, Gabaldón explica que ha solicitado una reunión urgente con el equipo del Ministerio, que de momento no ha sido atendida por lo que no descarta ningún escenario en caso de no recibir respuesta por parte del Ministerio. «En caso de no recibir respuesta, desde la comisión permanente y los miembros del pleno del Consejo General, analizaremos las medidas que se puedan adoptar para que nuestras peticiones sean aceptadas», finaliza la carta.
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