Los ERTE del Gobierno vacían las arcas públicas: más de 508 millones al mes en prestaciones

El paquete de medidas económicas extraordinarias aprobadas por el Gobierno en su decreto, de 17 de marzo, para paliar las consecuencias económicas y laborales del estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus, vacía las arcas públicas. Los más de 620.000 Expedientes de Regulación de Empleo (ERTES) registrados por el Ejecutivo y oficialmente confirmados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esquilman la hucha del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): la prestación media de 860 euros que corresponde a cada trabajador afectado implica un coste mensual de 508.000.000 de euros para el sistema.

En todos los ERTES en los que el coronavirus sea la causa, el Gobierno garantiza una prestación para todos los afectados y obliga a mantener el empleo durante seis meses -aunque no se detalla si habrá sanciones o habrá que devolver las ayudas en el futuro- de manera que el coste total para el sistema público de prestaciones, una vez superada esta situación extraordinaria, ascenderá hasta los 3.048 millones de euros, como mínimo.

La oleada de ERTES que se ha producido a lo largo de todo el territorio nacional está provocando una fuerte presión sobre el epígrafe de la Seguridad Social, que mide la salud presupuestaria del Estado del Bienestar (pensiones y desempleo). Y los datos no son nada esperanzadores.

En comunidades autónomas como Murcia, 1 de cada 4 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación temporal, como consecuencia de la epidemia del COVID-19. Y la Generalitat valenciana, desbordada por las más de 30.000 peticiones recibidas de empresas para facilitar los ajustes de sus plantillas mientras se prolongue el estado de alarma, aprobaba unilateralmente una ampliación del plazo legal de 5 días habilitado por el Gobierno para admitir o denegar las solicitudes.

Hay dos tipos de expedientes de regulación recogidos en la legislación: los exprés, habilitados por el coronavirus, y los ordinarios, para los que también se han reducido los plazos. En el primer caso, desde que se solicita y hasta que se concede, transcurren cinco días, salvo en los casos en los que las autonomías -competentes en la materia- han aumentado el periodo inicialmente previsto. El segundo, pensado para empresas más grandes y que necesitarán parar su actividad más tiempo del que España permanecerá en estado de alarma, podrá completarse en tan sólo 15 días, frente a las 4 semanas habituales.

Colapso administrativo

La Generalitat valenciana ha sido una de las primeras administraciones autonómicas en reconocer su incapacidad para gestionar el volumen de solicitudes formuladas. Las peticiones masivas -sumadas a «las dificultades técnicas que se han encontrado en el acceso a la documentación y aplicaciones informáticas necesarias» para tramitarlas- le hizo imposible «garantizar el cumplimiento del plazo de 5 días, desde la presentación de las solicitudes, para emitir y notificar las oportunas resoluciones», tal y como dispone el decreto del Gobierno. Por ello, acordó «la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de estos procedimientos a 10 días». Si bien, «en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido».

La Generalitat valenciana justificó su decisión en que la potestad en esta materia es territorial y no corresponde al Gobierno central. Pese a que los socialistas valencianos propusieron «al Secretario Autonómico de Empleo la habilitación de más medios personales y materiales» para que la Autoridad Laboral cumpliese «con el despacho adecuado y en plazo» de los miles de ERTES registrados hasta la fecha. La realidad es que dichos medios no han sido suficientes para atender el ingente número de solicitudes registradas en la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE.

Colapso judicial

Pese a que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en su primera comparecencia que se iban a revisar uno a uno todos los expedientes de regulación de empleo y que las empresas que no hubiesen cumplimentado correctamente la documentación para solicitarlos tendrían que «devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador», son las autoridades laborales de las comunidades autónomas las que incumplen las directrices de Díaz.

Una situación que está provocando el rechazo masivo -estereotipado y sin motivar- de las solicitudes de ERTES por parte de las Autoridades Laborales autonómicas. Y, como consecuencia, el registro masivo de demandas ante los juzgados de lo social por parte de los empresarios. Un escenario que los jueces alertan de que llevará al «colapso» a los ya de por sí sobrecargados tribunales, tras la crisis. «Los ERTES del Gobierno sentenciarán a pena de muerte al mercado laboral», concluyen.