ERC y Convergència votarán contra la reforma que permitirá financiar la sanidad y la educación

Los partidos independentistas catalanes han dado marcha atrás y no apoyarán la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el PP ha promovido para aumentar el límite de déficit público permitido a las comunidades autónomas, para que los gobiernos regionales tengan una inyección extra de 4.000 millones de euros. Aunque Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC había indicado al ministro de Hacienda que respaldaría la modificación normativa, su partido y Convergència votarán en contra.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes parlamentarias, la reforma saldrá adelante este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados a pesar de la oposición de los independentistas catalanes.

La reforma impulsada por el Ejecutivo para elevar hasta el 0,7% del PIB el límite de déficit público autonómico (frente al 0,3% del PIB vigente en la actualidad), será respaldada por el PNV, Ciudadanos, PSOE y el PP. Los diputados de Unidos Podemos, que incluye a IU y las confluencias de En Comú y En Marea se abstendrán.

“La única razón para que los independentistas catalanes se abstengan es que saben que la reforma saldrá adelante. Es una cuestión de estética, porque los dirigentes de los partidos catalanes no quieren votar a favor de una reforma impulsada por el PP. Si la votación fuera ajustada las tornas cambiarían, porque ERC y Convergencia tendrían que explicar por qué se oponen a una medida que les permitirá sufragar, en parte, los costes asociados a servicios básicos como la sanidad o la educación”, señalan las fuentes consultadas.

Las negociaciones para la reforma de la citada Ley las ha capitaneado directamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los que ha trasladado que los grupos parlamentarios se verán beneficiados por el aumento del déficit público permitido, como consecuencia del incremento de la flexibilidad que ha dado la Comisión Europea a España con un nuevo calendario para cerrar la brecha fiscal por debajo del 3% del PIB.

El acuerdo entre los grupos parlamentarios se produce meses después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordara elevar el déficit público permitido a las comunidades autónomas al citado 0,7% del PIB. En la reunión del pasado abril, Montoro prometió que aprobaría el nuevo techo fiscal cuando hubiera un nuevo Gobierno tras las elecciones de junio. Sin embargo, el bloqueo político del PSOE no permitió que se configurara un nuevo Ejecutivo y la medida no pudo ser aprobada.

Ahora, para evitar que los gobiernos regionales tengan problemas para financiar servicios básicos como la sanidad o la educación, Montoro ha promovido la reforma del artículo 15 de la a Ley de Estabilidad Presupuestaria, que determina los objetivos de déficit y deuda pública que pueden asumir las Administraciones Públicas.

“Nunca una reforma ha tenido tanto consenso, ya que supone una mayor permisividad para poder gastar por encima de los ingresos”, indican las fuentes consultadas.