Montoro logra que las CCAA cumplan el objetivo de déficit por primera vez desde 2007

Hacienda
La vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto: EFE)

El Ministerio de Hacienda va a lograr este año un hito en lo que a cumplimiento presupuestario se refiere, ya que por primera vez desde 2007 las comunidades autónomas van a cerrar el ejercicio con un déficit público conjunto en línea con el objetivo comprometido.

Según ha podido saber OKDIARIO, en el documento que enviará el Gobierno a Bruselas para evitar la multa de 5.000 millones de euros (y la congelación de fondos estructurales por más de 1.300 millones) se incluirá una previsión de déficit público de las comunidades autónomas del 0,7% del PIB, que es la tasa fijada por con los gobiernos regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado abril y que será aprobada definitivamente una vez que se reforme la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que pueda fijar este techo un Gobierno en funciones.

Esta previsión va en línea con la que maneja la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que es el organismo encargado de velar por las finanzas públicas españolas y que fiscaliza la labor del departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro. Según las estimaciones de esta institución, la brecha fiscal de los gobiernos regionales será del 0,8% al cierre del año, tan sólo una décima por encima del objetivo comprometido con el Gobierno.

Esto no quiere decir que todas las comunidades autónomas vayan a cumplir con el objetivo de déficit público tras casi una década en la que año tras año han traspasado el límite permitido, ya que Valencia, Murcia y Extremadura van a superar con creces la prometida tasa del 0,7% del PIB y todo apunta a que Galicia, La Rioja y Canarias también tendrán difícil cerrar el año por debajo de ese porcentaje.

El bloqueo político ha ayudado al Ministerio de Hacienda a controlar las cuentas de los gobiernos regionales, ya que desde abril ha existido incertidumbre sobre cuál iba a ser el objetivo final de déficit permitido a las comunidades autónomas. De hecho, hasta que se produzca la citada reforma normativa y el Ejecutivo amplíe el límite, la brecha fiscal máxima permitida es del 0,3% del PIB. Esto ha provocado que las distintas consejerías de Hacienda se hayan apretado el cinturón para reducir sus desfases presupuestarios.

Otro factor que ha sido vital para lograr reducir la brecha presupuestaria de las CCAA ha sido el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que puso en marcha el Gobierno en 2012 para permitir que las comunidades autónomas con más problemas de caja no tengan que acudir a los mercados para financiarse. A cambio de este rescate, los gobiernos regionales deben abonar las facturas pendientes a sus proveedores y cumplir con los objetivos de déficit público que establece el Ministerio de Hacienda. Si no se cumple con el techo fiscal no hay inyección de liquidez, lo que supone un gran incentivo para las Haciendas autonómicas.

En términos globales, los ingresos de las comunidades autónomas para el conjunto del año (en términos netos de pagos por el sistema de financiación), crecen a un ritmo del 7,1% anual, mientras que los gastos previstos al cierre de 2016 (también excluyendo las transferencias estatales), suben un 2,2% respecto al año anterior depurados de 2015 los gastos que no se replicarán en 2016.

“El déficit previsto del 0,8% del PIB para las comunidades autónomas mejora notablemente en el tercer trimestre debido al incremento de los recursos del sistema de financiación en concepto de liquidación definitiva por valor del 0,5% del PIB”, indica la AIReF en su último informe.

Por lo que se refiere a las cuentas públicas municipales, los ayuntamientos van a cerrar el año con un superávit del 0,4% del PIB. Es decir, que los consistorios han ingresado unos 4.000 millones de euros más de lo que han gastado. Según ha avanzado OKDIARIO, el Gobierno pretende utilizar este excedente para financiar una parte de la brecha de la Seguridad Social, que se situará en el 1,6% del PIB, cinco décimas más de lo previsto en las previsiones presupuestarias enviadas por el Gobierno español a Bruselas en su última revisión del plan de estabilidad.

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