Adif aceptó y pagó en 2015 el puente del AVE a Burgos que ahora exige demoler

Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, aceptó y pagó en 2015 los últimos trabajos de hormigón del viaducto sobre el río Arlanzón -en las obras de la línea de AVE Madrid-Burgos-, dos años antes de que en noviembre de 2017 exigiera a los contratistas la demolición y posterior reconstrucción del puente.

Así lo aseguran fuentes no oficiales de la empresa pública. La UTE ‘AVE Variante de Burgos’, adjudicataria del tramo, finalizó los trabajos de construcción del puente en julio de 2015, por lo que la sorpresa en el sector ante la decisión de Adif, atribuida a la directora general, Isabel Pardo, es mayúscula.

La noticia se conoció a nivel nacional la semana pasada y obligará a retrasar la puesta en marcha de la línea del AVE Madrid-Burgos cinco meses más, según Adif.

«Nunca había pasado algo así en Adif y nunca había visto algo parecido en toda mi carrera en el sector», asegura una de estas fuentes que exige anonimato. «Las constructoras acabaron los trabajos de construcción del puente en julio de 2015. En este tipo de obras hay un asistente técnico, en este caso Ayesa, que tiene que certificar cada paso que se da para poder pasar al siguiente», insisten.

«Para que se entienda, es como construir un bloque de viviendas. Si no te aceptan y te pagan el primer piso, no te dejan construir el segundo. Si no hubiese estado bien y aceptado y pagado el ‘primer piso’ del puente, no se tendría que haber permitido pasar al segundo», explican. Los primeros trabajos empezaron en marzo de 2014.

«No lo entiendo -asegura otra fuente no oficial de Adif-. Si de verdad estuviera mal el puente, solo es posible si hay connivencia entre el constructor y el asistente técnico, Ayesa. Pero entonces, ¿por qué Adif no ha denunciado al asistente técnico? ¿Y por qué si está mal se contrata para demolerlo y para volverlo a construir al mismo constructor?», se pregunta.

Adif ha explicado a este diario que decidió obligar a demoler el puente en noviembre de 2017 después de que «en los distintos controles de seguimiento que realiza Adif AV para garantizar la seguridad de las obras se detectaron deficiencias que ponen en evidencia incumplimientos de las prescripciones técnicas que Adif exige a estructuras de estas características».

«Al tratarse de un defecto imputable al contratista, Adif ha ordenado a la UTE la demolición y posterior reconstrucción del tablero», asegura. El coste de la nueva obra será de 2,91 millones de euros que según Adif pagará el contratista -los trabajos se iniciaron el 2 de mayo-.

Impugnación

Sin embargo, el proceso va para largo porque la constructora ha impugnado la decisión de Adif, recurso que fue admitido a trámite el 1 de febrero de 2018. Por lo tanto, de momento, la UTE pagará la obra pero espera recuperarlo en el juicio. En definitiva, las constructoras no han aceptado hacerse cargo de la demolición.

Para medir la calidad del hormigón y evitar accidentes se utilizan los megapascales. Según ha podido saber este diario, Adif argumenta que el contrato exigía que alcanzara los 50 megapascales pero las pruebas realizadas por la compañía dan solo 30 megapascales. Éste será uno de los puntos clave del juicio.