Competencia critica la opacidad de las finanzas de Correos y le acusa de incumplir la Ley Postal

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Javier Cuesta Nuin, presidente de Correos presentando el servicio HomePaq. Foto. Correos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una resolución en la que critica la opacidad de las finanzas de Correos y acusa a su equipo directivo de no haber implementado las medidas necesarias para cumplir los requisitos que exige la Ley Postal.

La resolución se encarga de analizar los precios de las actividades que presta Correos bajo el régimen del Servicio Postal Universal (SPU) y, tras estudiar la información proporcionada por la compañía, concluye que los importes que aplica a «determinados clientes minoristas (empresas) con derecho a descuentos en sus envíos masivos no cumplen con el principio de orientación de costes».

No es la primera vez que la la CNMC  cuestiona esta política de descuentos a grandes clientes, ya que la institución que dirige José María Marín Quemada lleva apercibiendo a Correos desde el año 2014 en varias resoluciones. En esta ocasión Competencia critica también que la empresa «sigue sin hacer público su esquema de descuentos, en contra de lo declarado en anteriores resoluciones en relación al cumplimiento del principio de transparencia».

Según recuerda el organismo, el principio de orientación a costes «exigiría que los precios que pagan los clientes con derecho a descuentos respondan exclusivamente al ahorro de costes generados por estos frente a los clientes particulares».

La CNMC concluye que para que Correos cumpla con el principio de transparencia y no discriminación en relación con los precios que pagan los usuarios con derecho a descuentos, es indispensable que «publique las condiciones, umbrales y circunstancias que determinarían el acceso a los descuentos, y el nivel de dichos descuentos en función de los costes evitados a Correos».

En cuanto a los precios que aplica Correos a los clientes particulares  para los envíos incluidos en la modalidad de servicio público, el organismo fiscalizador determina que la compañía «cumple con los requisitos exigidos».

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